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La salud de las mujeres no es un juego geopolítico

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Piden anticoncepción y exámenes para detectar enfermedades./Foto: Pexels

Las decisiones políticas las ponen en riesgo constante; gobiernos derogan o aprueban leyes que atentan contra su vida, su familia y su estabilidad emocional

Sarah Wildman/NYT

El presidente Biden levantó la ley mordaza global, que niega la ayuda estadounidense a las organizaciones no gubernamentales si defienden, recomiendan o incluso mencionan la palabra aborto.

La medida de Biden no fue una sorpresa. Desde que Ronald Reagan creó esta regla en 1984, los presidentes republicanos han mantenido la política, y sus homólogos demócratas la han derogado. La ley mordaza no es solo una proyección de las batallas culturales de Estados Unidos en las vidas de las mujeres y las familias de comunidades lejanas de todo el mundo —aunque en gran medida hace eso— sino que también crea lo que Simon Cooke, director general de la organización de salud de la mujer MSI Reproductive Choices, denomina un “efecto yoyo” que dificulta enormemente la distribución de la atención sanitaria mundial.

Para cortarle la cuerda al yoyo, el Congreso debe retomar la legislación presentada por primera vez en 2017 por la representante demócrata de Nueva York, Nita Lowey, quien ya se jubiló, y la senadora demócrata de Nueva Hampshire, Jeanne Shaheen. Esta ley se llama Ley de Salud, Empoderamiento y Derechos Globales (“HER”, por su sigla en inglés).

Como subrayaron los líderes de las ONG con los que hablé, las mujeres que quieren abortar no dejan de hacerlo solo porque se les dificulte el acceso a este servicio: acuden a lugares inseguros o clandestinos. Y, como enfatizó Cooke, la ley mordaza también socava la atención posaborto que puede significar la diferencia entre una mujer que muere de un aborto clandestino y una que sobrevive a uno. Además, aunque su objetivo es interrumpir el aborto, la ley mordaza ha tenido el efecto de poner en peligro todos los servicios de salud y planificación familiar.

La Ley HER codificaría el derecho ante la ley estadounidense de las ONG en el extranjero, a fin de que puedan utilizar sus propios fondos para recomendar y apoyar servicios de aborto y posaborto. También impide a los futuros gobiernos condicionar la ayuda estadounidense al silencio.

Mientras tanto, el respiro que ofrece Biden podría durar solo un mandato presidencial.

“Mientras se aproxima la reanudación de la relación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés)”, comentó Cooke, “lo que nos preocupa es qué pasará dentro de cuatro años, y hasta qué punto nos volveremos a integrar, porque es difícil que una organización como la nuestra se amplíe y se reduzca de manera tan repentina”. La aplicación partidista del financiamiento sanitario debilita la credibilidad y destruye las relaciones locales, que tardarán años en reconstruirse, me dijo Jonathan Rucks, director sénior de política y defensa de PAI, la organización internacional de salud y derechos reproductivos. Reconstruir la confianza llevará tiempo, sobre todo después de esta última versión de la regla.

Mientras que en los gobiernos republicanos anteriores la política solo aplicaba a las organizaciones de ayuda a la familia y a la reproducción, para las que se destinan cerca de 600 millones de dólares de financiamiento anual estadounidense, el gobierno de Trump intentó silenciar a todas las organizaciones de atención médica que recibían o esperaban recibir ayuda estadounidense —incluidas aquellas que brindan todo tipo de atención, desde tuberculosis hasta VIH/SIDA.

En enero de 2019, amfAR, la Fundación para la Investigación sobre el sida, publicó un documento en el que describía cómo a consecuencia de la política expandida se había afectado la prevención y la gestión mundial del VIH.

Con el presidente Barack Obama, el dinero de USAID y el financiamiento estadounidense financiaron una medida encaminada a la atención médica integrada.

La integración significaba que las mujeres en las zonas rurales y las comunidades de bajos ingresos podían, por ejemplo, vacunar a sus hijos pequeños y recién nacidos, conocer métodos de anticoncepción a largo plazo y hacerse exámenes para detectar el cáncer cervicouterino y de mama en una sola visita.

Sin embargo, la integración también hizo que todos esos servicios fueran más vulnerables a la interrupción ocasionada por la nueva ampliación a la política.

Satyajit Pradhan, quien ha pasado los últimos seis años trabajando para MSI en Nepal como su “director de Evidencia para la Acción”, habló conmigo desde Katmandú. “Nuestra incapacidad de asegurar financiamiento de USAID significó que no pudimos proveer lo que denominamos atención médica básica para las mujeres en Nepal”, comentó. “El efecto estremecedor tuvo como consecuencia que sus socios no pudieran remitir a mujeres a MSI para que recibieran atención para el aborto, incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer estaba en peligro”. Además, agregó: “En esencia, nadie quería tener nada que ver con nosotros. Fuimos segregados… la situación se tornó muy difícil”. MSI tuvo que cerrar nueve clínicas tan solo en Nepal.

Al analizar los datos recabados por la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, dos años después de la ley mordaza de Trump, los editorialistas de The Lancet, la publicación médica especializada del Reino Unido, escribieron: “Ciento dieciocho entrevistas con proveedores de servicios sanitarios, organizaciones de la sociedad civil, agencias gubernamentales y grupos antiaborto en Kenia, Nepal, Nigeria y Sudáfrica revelaron que el acceso a los servicios para el aborto y la atención posaborto se redujeron, junto con los servicios de anticoncepción, cuidados prenatales, las pruebas para la detección y el tratamiento de VIH, y los exámenes para identificar cáncer cervicouterino, de mama y de próstata”.

En 2019, un análisis retrospectivo realizado por investigadores para la revista The Lancet Global Health examinó los datos recabados de los países del África subsahariana durante los gobiernos de Clinton, Bush y Obama. Los años en los que la ley mordaza estuvo vigente en los países analizados hubo un aumento del 40 por ciento en los abortos, una disminución del uso de métodos anticonceptivos y un aumento en los embarazos. En otras palabras: la política funcionó exactamente al contrario de sus supuestos objetivos antiaborto.

La ironía de la ley mordaza es que ningún financiamiento estadounidense se ha usado para apoyar la práctica del aborto en el extranjero desde que se aprobó la Reforma Helms de 1973. La ley mordaza en realidad tiene que ver con el discurso.

La revocación del presidente Biden de la ley mordaza global, en cierto sentido, es “una solución a corto plazo”, me dijo a principios de esta semana Nina Besser Doorley, directora asociada de Defensoría y Políticas en la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres antes del anuncio de la Casa Blanca. “Lo que hemos visto de esta política es que su impacto no desaparecerá solo con su revocación. La amenaza de que vuelva a imponerse en unos años, si los vientos políticos de Washington cambian, continuará causando estragos”.

“Lo que estamos buscando es una solución legislativa permanente a este problema y que el Congreso legisle para evitar que un futuro presidente vuelva a instaurar la política de manera unilateral”.

En otras palabras, la revocación de la ley mordaza solo es parte de la respuesta. La mejor opción es una ley que ponga la ley mordaza global fuera del alcance de la caprichosa pluma presidencial.

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