Biden quiere regularizar a 11 millones de indocumentados
El gobierno de EUA buscará que se apruebe la reforma migratoria, pero en el Congreso tendrán que vencer obstáculos, así como de quienes defienden la política de Trump en estados como Texas Miriam Jordan/NYT María Elena Hernández recuperó hace poco una caja floreada escondida en su armario y la desempolvó. Durante más de una década … Leer más
El gobierno de EUA buscará que se apruebe la reforma migratoria, pero en el Congreso tendrán que vencer obstáculos, así como de quienes defienden la política de Trump en estados como Texas
Miriam Jordan/NYT
María Elena Hernández recuperó hace poco una caja floreada escondida en su armario y la desempolvó. Durante más de una década ha ido guardando las declaraciones de impuestos, los contratos de alquiler y otros documentos que ha reunido para demostrar los largos años de residencia de su familia en Estados Unidos.
“Hemos estado esperando el día en que podamos solicitar un estatus legal. En esta caja están, yo espero, todas las evidencias que vamos a necesitar”, dijo Hernández, de 55 años, una migrante indocumentada de México que llegó a este país con tres niños pequeños en el año 2000.
Acababa de enterarse del plan del presidente Joe Biden de ofrecer una vía para que casi 11 millones de indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense, anunciado como parte de una amplia propuesta para reformar el sistema de inmigración del país.
El proyecto de ley permitiría a los inmigrantes indocumentados que estuvieran en Estados Unidos antes del 1 de enero, solicitar estatus legal temporal después de pasar por un control de antecedentes y pagar impuestos.
Como nuevos “posibles inmigrantes legales”, estarían autorizados a trabajar, alistarse en el ejército y viajar sin temor a ser deportados. Al cabo de cinco años, podrían solicitar la tarjeta de residencia.
Convertir a más del triple de personas en ciudadanos con pleno derecho podría abrir la puerta a uno de los cambios demográficos más significativos en la historia moderna de Estados Unidos, al sacar a millones de personas de las sombras y, potencialmente, abrirles la puerta a puestos de trabajo mejor pagados, proporcionándoles prestaciones sociales, cobertura sanitaria y la posibilidad de acceder a la Seguridad Social, al tiempo que crearía muchos nuevos votantes.
En una señal de los obstáculos que se avecinan, otra de las primeras iniciativas de Biden en materia de inmigración, la congelación de las deportaciones durante 100 días, fue bloqueada temporalmente por un juez federal después de una demanda del fiscal general de Texas, un defensor de la represión de la inmigración del gobierno Trump.
La reforma migratoria se ha estancado en el Congreso una y otra vez,
principalmente debido a lo que se conoce como amnistía. A pesar del refuerzo de la vigilancia fronteriza y de las sanciones a los empleadores, la reforma de Reagan no consiguió frenar la llegada de inmigrantes no autorizados.
Mientras el Congreso se debatía sobre cómo renovar el sistema de inmigración, los inmigrantes han seguido viviendo, trabajando y formando familias en Estados Unidos.
Más del 60 por ciento ha residido en el país durante más de una década y tienen más de cuatro millones de hijos nacidos en Estados Unidos. Representan el cinco por ciento de la mano de obra y constituyen la columna vertebral de los sectores de la agricultura, la construcción y la hostelería.
Muchos llegaron por razones económicas. Otros huían de la agitación política y la violencia. Y aproximadamente cuatro de cada diez no entraron en Estados Unidos por la frontera suroeste. Se trata más bien de turistas, estudiantes o trabajadores cualificados temporales que nunca se fueron.
La familia de Denise Panaligan, de 27 años, llegó a Estados Unidos desde Filipinas en 2002 después de que su padre, analista financiero, obtuvo una visa H-1B. Se quedaron después de que su estatus legal temporal se agotó.
“Cuando la gente nos mira, no piensa en indocumentados porque somos asiáticos”, dijo Panaligan, profesora de secundaria en Los Ángeles. “Nunca hemos experimentado eso de entrar en contacto con los agentes de deportación y el ICE. Somos invisibles para quienes aplican la ley”.
Pero su decisión les llevó a otras vejaciones, dijo. Su madre tuvo que trabajar en limpieza, a pesar de contar con estudios universitarios. El padre de Denise, Art, murió hace dos años de cáncer cerebral sin poder volver a su tierra natal para ver a sus padres, porque no se le habría permitido volver a Estados Unidos.
“El plan de Biden cumpliría nuestra esperanza de mantener a la familia unida”, dijo Panaligan, que tiene dos hermanas menores, una de ellas nacida en Estados Unidos.
La mayor parte de los inmigrantes no autorizados es de México. Tras sobrevivir a traicioneras travesías por ríos y desiertos para llegar a Estados Unidos, encontraron una nación dispuesta a mirar más allá de las leyes que prohíben su contratación, para emplearlos en campos y fábricas, y en hogares como niñeras y limpiadoras.
Maribel Ramírez y Eusebio Gómez, de México, han trabajado en los viñedos de California desde que cruzaron la frontera hace 19 años. Lograron comprar una casa y criar a dos hijos nacidos en Estados Unidos. El mayor, Eusebio Jr., de 17 años, tiene previsto alistarse en los Marines. Pero Ramírez dijo que se preguntó: “¿Por qué debería mi hijo dar su vida a un país que no valora a sus padres?”.
Los presidentes George W. Bush y Barack Obama defendieron una reforma migratoria integral con un fuerte componente de aplicación de la ley y una vía de legalización para los indocumentados. Pero todos los paquetes de inmigración que se debatieron en el Congreso —en 2006, 2007 y 2013— se estancaron.
Entre las preocupaciones planteadas por los opositores está la de que los nuevos ciudadanos voten como un sólido bloque demócrata, desplacen a los trabajadores estadounidenses y se conviertan en una carga para el sistema sanitario y otros servicios públicos. Algunos predicen que cualquier programa de legalización animaría a más personas de países latinoamericanos empobrecidos a hacer el viaje al norte.
“Legalizar a innumerables millones de extranjeros ilegales —incluso discutirlo— hace sonar la campana para que millones más entren ilegalmente en Estados Unidos a la espera de su tarjeta de residencia, y este ciclo no se acaba”, dijo Lora Ries, investigadora principal de la Fundación Heritage, un grupo de investigación conservador en Washington, y exsubjefa de personal en el Departamento de Seguridad Nacional.
Otros expertos sostienen que la legalización tiene beneficios. Abrir una vía de acceso a la ciudadanía a casi 11 millones de personas, de las cuales entre siete y ocho millones son parte de la fuerza de trabajo, equivale a “un estímulo económico”, según Giovanni Peri, profesor de economía de la Universidad de California, campus Davis.
Entre 2005 y 2015, los nuevos inmigrantes representaron casi la mitad del crecimiento de la población en edad de trabajar, y en las próximas dos décadas, los inmigrantes serán clave para compensar el envejecimiento de la población que se está jubilando. Los demógrafos afirman que el mayor nivel educativo de los estadounidenses, unido a la escasez de trabajadores manuales, pone de manifiesto la necesidad de que los inmigrantes, en número cada vez mayor, realicen trabajos poco cualificados. Alrededor de cinco millones de ellos trabajan en empleos designados como “esenciales” por el gobierno.
Entre los mayores defensores de la iniciativa de Biden están los empresarios que dependen de los inmigrantes. A lo largo de los años, las plantas de carne, las granjas lecheras y una multitud de otros lugares de trabajo se han visto envueltos en redadas de inmigración dirigidas a trabajadores no autorizados.
La amnistía de la época de Reagan, en 1986, solo provocó un descenso temporal del número de inmigrantes indocumentados porque no iba acompañada de un sistema sólido para la incorporación legal de trabajadores poco cualificados. Los empresarios se enfrentaban a multas por contratar a sabiendas a inmigrantes indocumentados, pero no tenían la responsabilidad de examinar los documentos presentados por los solicitantes de empleo, lo que generó una enorme industria de números falsos de la Seguridad Social.
“El principio es sencillo: si se lleva a cabo una amplia legalización, no se congelan los flujos migratorios de indocumentados mientras persista la demanda de mano de obra”, dijo Wayne Cornelius, director emérito del Centro de Estudios Comparativos de Inmigración de la Universidad de California en San Diego. “Hay que aumentar el número de oportunidades de entrada legal para los futuros migrantes”.
La afluencia ilegal empezó a crecer de nuevo a principios de la década de 1990.
“Los migrantes que llegaron después de 1986 habrían preferido enormemente venir de forma legal, sin tener que pagar cientos de dólares para comprar documentos falsos”, dijo Cornelius. “Pero no había suficientes entradas legales disponibles”.
Los imperativos económicos prevalecieron, lo que impulsó los cruces no autorizados año tras año.
Un auge de la construcción en estados del Cinturón del Sol como Georgia, Carolina del Norte y Arizona atrajo a cientos de miles de trabajadores de la construcción sin documentos. Y a medida que los trabajadores agrícolas que se beneficiaron de la amnistía envejecían y abandonaban los campos, llegaba mano de obra joven indocumentada para sustituirlos.
De 1986 a 2008, la población indocumentada del país pasó de tres a 12 millones de personas, a pesar de un aumento exponencial de los fondos destinados a la seguridad fronteriza, incluidos los soldados en el terreno. La militarización no redujo las entradas ilegales. Por el contrario, convirtió una migración estacional, principalmente de hombres que regresaban cada año a México, en una población asentada de familias.
La recesión económica entre 2007 y 2009 acabó por reducir el flujo de inmigrantes. A pesar de las sucesivas oleadas de migración centroamericana, las entradas ilegales siguen siendo sustancialmente menores que a principios de la década de 2000.
Han pasado unas dos décadas desde que Hernández metió una muda de ropa en una bolsa, cogió a sus tres hijos pequeños y cerró la puerta de sus vidas en Jalisco, México. Días después, cruzaron la frontera.
“No teníamos papeles, pero estaba decidida a ir al norte en busca de una vida mejor”, dijo. “Tenía parientes que se habían beneficiado de una amnistía en 1986 y supuse que nos llegaría el día”.
Hernández consiguió un trabajo en Los Ángeles empaquetando CDs. Su marido, Pedro Hernández, se unió a ellos poco después y encontró trabajo en una guardería. Sus hijos, Luis, que entonces tenía siete años, y los gemelos Elitania y Juan, entonces de cuatro años, prosperaron en la escuela. Vivían modestamente, en apartamentos donde los niños dormían en las habitaciones y la pareja en la sala.
Sus esperanzas se elevaron, se desvanecieron y revivieron cada vez que el Congreso tramitaba diversos proyectos de ley en materia migratoria.
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