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México busca reestructurar su sistema de justicia

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Conforme la violencia se intensifica, se plantean reformas para contrarrestar la problemática que inició en 2006

Kirk Semple

La redada significó un golpe devastador para el grupo delictivo más temido de Ciudad de México: 31 presuntos miembros de la organización fueron arrestados, dos laboratorios clandestinos para fabricar drogas fueron descubiertos y se incautó un botín criminal que incluía dos toneladas y media de marihuana, casi 20 kilogramos de cocaína y un arsenal de armas.

Sin embargo, a los pocos días, el caso se vino abajo. Tras encontrar incongruencias en los documentos de la Fiscalía, un juez puso en libertad a casi todos los sospechosos. Lo que iba a ser una gran victoria para el Gobierno se convirtió en una inmensa vergüenza.

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De cierta forma, esta fue una reafirmación del nuevo sistema penal acusatorio de México. Una reforma radical al poder judicial, que se implementó en su totalidad en 2016, ha traído más transparencia a los tribunales, elevando los estándares para la evidencia y otorga más autoridad a los jueces para descartar acusaciones con base en errores procesales.

Sin embargo, este giro hacia una vigilancia más rigurosa del juicio justo ha llevado a los funcionarios de Gobierno a darse cuenta de una cruda realidad: una reforma pensada para fortalecer la capacidad de la nación para combatir la violencia y la impunidad también ha dificultado el proceso de poner a gente tras las rejas y garantizar que se quede ahí.

Esto se ha convertido en un problema político para el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos esfuerzos para contrarrestar a los implacables grupos delictivos de la nación, en gran medida, han sido inútiles.

Desesperado por demostrar algo de progreso, el Gobierno quiere volver a reestructurar el sistema de justicia por medio de un paquete de reformas diseñadas para intervenir con mano más dura en la lucha contra la delincuencia.

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Los funcionarios dijeron que planeaban presentar el 1 de febrero las reformas propuestas ante la Legislatura. Pero los borradores que se filtraron en días recientes han enfurecido a los expertos jurídicos, quienes afirmaron que contenían cambios que desmantelarían las garantías de un juicio justo y las protecciones a los derechos humanos que con tanto esfuerzo se consiguieron.

Es un revés tajante”, dijo María Novoa, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, un grupo de investigación que analiza las políticas gubernamentales. “Es una contrarreforma”.

Cuando el Congreso de la Unión aprobó la reforma al sistema judicial en 2008, su intención era modernizar un sistema turbio, corrupto y sumamente ineficiente, y con eso aumentar no solo las garantías de un juicio justo y rendición de cuentas, sino también la fe de la ciudadanía en el Estado de derecho.

A diferencia del sistema anterior, en el que la mayoría de los procedimientos judiciales se realizaban a puerta cerrada, con un juez que revisaba los argumentos y las pruebas por escrito, el nuevo sistema se basaba en juicios orales que les permitían a los fiscales y a los abogados defensores presentar sus argumentos ante una audiencia pública.

Las reformas crearon el cargo del Juez Especial para el juicio justo, independiente del juez de sentencia, con la finalidad de garantizar que los derechos humanos del acusado fueran respetados durante la etapa previa al juicio, entre muchos cambios más. El nuevo sistema también limitó rigurosamente la prisión preventiva oficiosa, que a veces se utilizaba para encarcelar a los sospechosos durante años sin llevarlos a juicio, y proporcionó más mecanismos para hallar resoluciones alternativas de litigios.

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Las reformas se adoptaron en un marco de ocho años, en el que se capacitó nuevamente a oficiales de policía, fiscales, jueces y abogados defensores; se construyeron nuevos juzgados; y se renovaron los programas de estudio en las facultades de Derecho.

Dada la índole titánica de la iniciativa, y los cambios culturales que conllevaba, muchos advirtieron que quizá se requerirían años para que el sistema rindiera frutos, y una voluntad política inquebrantable para vigilar que se llevara a cabo.

La transición recibió el apoyo firme de Estados Unidos, que invirtió más de 300 millones de dólares en el proyecto, y el nuevo sistema se declaró oficialmente implementado en los 32 estados de la República Mexicana en la fecha límite de junio de 2016.

No obstante, desde entonces, dos tendencias han asustado a los funcionarios gubernamentales: el aumento de la violencia y la disminución de la población penitenciaria.

Al mismo tiempo, la violencia se ha disparado. En 2019, el primer año de López Obrador en la presidencia, en México se registraron más de 34 mil 500 homicidios, el conteo anual más alto desde finales de los 90, cuando el Gobierno empezó a hacer el seguimiento de estos datos.

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Los borradores filtrados de las iniciativas incluyen medidas que expandirían de manera considerable el uso de la prisión preventiva oficiosa, eliminarían al juez especial para el juicio justo y abandonarían las normas que prohíben de manera automática el uso de pruebas obtenidas por medios ilegales, según dijeron los expertos jurídicos.

Los borradores han dejado impactados a jueces, abogados defensores, académicos del ámbito jurídico y otros expertos en el sistema penal mexicano, en particular, aquellos que han invertido años en ayudar a que se implementen las reformas de 2008.

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AMIP.

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