El camino para reestructurar a la policía en Chile
El camino para reestructurar a la policía en Chile. Derivado de las protestas en este país, se han documentado 800 casos por uso excesivo de la fuerza Pascale Bonnefoy El camino para reestructurar a la policía en Chile. Derivado de las protestas en este país, se han documentado 800 casos por uso excesivo de la … Leer más
El camino para reestructurar a la policía en Chile. Derivado de las protestas en este país, se han documentado 800 casos por uso excesivo de la fuerza
Pascale Bonnefoy
El camino para reestructurar a la policía en Chile. Derivado de las protestas en este país, se han documentado 800 casos por uso excesivo de la fuerza. Las protestas, que empezaron hace dos meses como respuesta a un incremento en la tarifa del metro y rápidamente se transformaron en una petición de cuentas más amplia por la desigualdad, incluyeron manifestaciones pacíficas y confrontaciones violentas con la policía que resultaron en miles de casos de abuso, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo autónomo de derecho público.
Alrededor de 400 de los incidentes documentados por el INDH son por tortura y tratos crueles. Más de 800 están relacionados con el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía.
Estos casos documentados de violaciones a los derechos humanos han traído un renovado escrutinio a los Carabineros, la fuerza policial nacional de Chile, la cual nunca fue depurada o reformada significativamente tras el fin de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en 1990. Los Carabineros estuvieron profundamente involucrados en violaciones de derechos humanos que dejaron alrededor de 3 mil muertos y desaparecidos y 38 mil torturados durante el régimen de Pinochet.
Nunca pensamos que tendríamos que regresar a Chile bajo estas circunstancias a registrar masivas violaciones a los derechos humanos”, afirmó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, cuando la organización presentó su informe sobre Chile el mes pasado. “Pensábamos que esto era historia”.
Los Carabineros rechazaron una solicitud de entrevista, pero esta semana su general director, Mario Rozas, afirmó que había 856 investigaciones internas relacionadas con los informes en proceso. También anunció cambios estructurales y políticos en la institución.
El presidente Sebastián Piñera afirmó que las acusaciones serán investigadas, y le dio la bienvenida al país a cuatro organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, la cual descubrió “un alto número de graves violaciones a los derechos humanos”.
El Gobierno también ha creado un grupo especializado, liderado por Gonzalo Blumel, ministro del Interior, para proponer reformas a la fuerza policial. La Policía suspendió el uso de perdigones.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos afirman que los Carabineros todavía están disparando cartuchos de gas lacrimógeno a los cuerpos y cabezas de los manifestantes, en violación de sus propios protocolos. El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, ocho personas fueron lesionadas de esta manera. Dos de ellas, incluyendo una niña de 15 años, se encuentran en estado crítico.
Las instituciones de derechos humanos y los analistas quieren que el Gobierno incremente la supervisión del presupuesto, operaciones y entrenamiento de los Carabineros, así como de las designaciones y destituciones de los oficiales, lo que realmente pondría a la policía bajo el control civil.
Los legisladores de oposición afirman que el presidente tiene la responsabilidad de las acciones de las fuerzas de seguridad bajo su mandato, por lo que iniciaron un proceso similar a los procedimientos de juicio político contra él y su exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien abandonó el cargo semanas después del inicio de las protestas.
La acusación contra Piñera fue desestimada el 12 de diciembre. Sin embargo, un día antes, el Senado había aprobado la acusación constitucional contra Chadwick, haciéndolo responsable por no haber tomado los pasos necesarios para evitar las violaciones de los derechos humanos y por “no haber mantenido el orden público de manera racional”. Chadwick quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Desde que iniciaron las protestas, cientos de manifestantes han sufrido lesiones oculares, causadas por el uso indiscriminado de armas antidisturbios de la Policía. Dos víctimas perdieron la vista. Más de 12 mil 700 personas han sido heridas por todo el país, de acuerdo con registros hospitalarios.
La Fiscalía chilena abrió más de 2 mil 670 investigaciones penales basadas en los informes de tortura, violencia sexual y lesiones causadas por armas de fuego. La amplia mayoría involucran a personal de los Carabineros.
Cuando los chilenos tomaron las calles a mediados de octubre, los Carabineros ya enfrentaban una crisis profunda, y no estaban preparados para estar al frente de un periodo prolongado de disturbios.
The New York Times/FOR
Más noticias
