Niños migrantes pagan consecuencias de los caprichos de Trump

Las familias migrantes ayudan a saber lo que miles de personas podrían enfrentar si el gobierno de Trump crea los sistemas de encarcelación familiar

Caitlin Dickerson

Un caluroso día del verano pasado en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, un centro de detención federal para familias migrantes, Kenia y su hijo, Michael, de 11 años, estaban encorvados sobre un futbolito de mesa en una habitación recreativa con aire acondicionado y, de repente, el niño se tiró al suelo y comenzó a llorar. Se hizo bolita y se retorcía como si algo le doliera.

Los demás padres e hijos en la habitación voltearon a mirarlo dejando sus cuerdas para saltar y bajando la música de sus radiograbadoras, mientras Kenia se arrodillaba y le suplicaba a Michael al oído: “¿Podríamos regresar a la habitación antes de que los guardias te vean?”.

“No quiero estar aquí, no quiero estar aquí”, gritó Michael, apretando los ojos.

Kenia no pudo recordar la fecha de este colapso específico, no porque no fuera digno de ser recordado, sino porque fue una de las muchas ocasiones en las que su hijo tuvo una crisis durante los cuatro meses en que estuvieron detenidos tras llegar a Estados Unidos.

Kenia también sentía que estaba desmoronándose por la incertidumbre de su futuro. Los guardias le habían advertido que, si Michael seguía portándose mal, serían castigados, lo cual ella suponía que significaba que los enviarían de regreso a Honduras.

“Siempre nos estaban vigilando”, dijo.

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Las experiencias de familias migrantes como la de Kenia, quien permaneció meses tras las rejas de un centro de seguridad, ayudan a formar una idea de lo que miles de personas más podrían enfrentar si el gobierno de Donald Trump logra crear uno de los pocos sistemas de encarcelación familiar a largo plazo del mundo desarrollado.

Como parte de una campaña de gran alcance para desalentar la migración hacia Estados Unidos, el presidente Trump ha prometido en repetidas ocasiones poner fin a la práctica que describe como ‘atrapar y liberar’, y que consiste en permitir que los migrantes vivan en libertad en el país durante el largo periodo de procesamiento de sus casos migratorios.

El gobierno quiere expandir el sistema de los centros de seguridad donde las familias migrantes pueden permanecer encarceladas durante meses o más tiempo. A fines de noviembre, abogados del Departamento de Justicia apelaron el fallo de un juez federal que bloqueaba el intento del gobierno para eliminar un límite de 20 días a la mayoría de las detenciones familiares.

Si la apelación procede, la experiencia de meses de detención que vivieron Kenia y Michael –resultado de una casualidad jurídica que prolongó su detención mucho más de lo permitido según las leyes actuales– podría convertirse en la norma. Instalaciones como la de Dilley, administradas por la empresa carcelaria privada, CoreCivic, podrían multiplicarse para albergar a más de 15 mil padres e hijos en todo el país.

La práctica de privar de su libertad a las familias migrantes se ha debatido intensamente a lo largo de tres gobiernos, en parte debido a años de consenso científico que sostiene que privar de su libertad a los niños, incluso si están con sus padres, puede ocasionar daños permanentes en su desarrollo.

“Tienen mayores dificultades para aprender y socializar”, explicó Amy J. Cohen, psiquiatra infantil que trabaja con la organización Médicos por los Derechos Humanos y ha trabajado como asesora en casos jurídicos sobre detención familiar.

Las investigaciones en los centros de detención ya existentes han revelado mayores niveles de estrés, que pueden afectar las neuronas y provocar que los niños detenidos durante largos periodos de tiempo desarrollen masas encefálicas pequeñas.

Tras establecer controles conforme a trauma, edad y país de origen, comentó Cohen, “se vuelve extremadamente claro que la detención es la variable que está generando, literalmente, enfermedades mentales en estos niños”.

Kenia y Michael se encontraban entre las decenas de familias que vivieron en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas durante muchos meses más que el límite legal de 20 días porque anteriormente los habían separado debido a la política gubernamental de “tolerancia cero” y se encontraban en custodia, mientras sus abogados presentaban demandas de asilo al gobierno.

The New York Times tuvo acceso a las instalaciones de Dilley para entrevistar a dos madres que estaban detenidas ahí junto con sus hijos. Entrevistamos a Kenia y a Michael cuando ya estaban en libertad. Todas las familias pidieron que se omitieran sus apellidos para evitar poner sus casos migratorios, o a ellos mismos, en riesgo.

Una mujer llamada Cindy, quien estuvo detenida en Dilley durante cuatro meses antes de ser puesta en libertad, dijo que Jostin, su hijo de 8 años, se negaba a comer mientras estuvieron ahí y vomitaba cuando ella trataba de obligarlo a comer en el comedor.

Patricia, otra mujer detenida, comentó que su hija Christy intentó suicidarse en el centro y le habían recetado medicamentos contra la ansiedad y sedantes. Christy, quien había sido una adolescente jovial, lloraba todos los días mientras estuvo detenida y padecía mareos porque también se negaba a comer, según comentó su madre.

“Es como si ya no la conociera. Ha cambiado tanto”, afirmó Patricia.

Otras familias también tuvieron dificultades durante su estancia y los arrebatos de sus hijos parecían desencadenarse entre sí.

Un niño de 6 años que vivía en su habitación tomaba una y otra vez a su madre del cabello, la asfixiaba y amenazaba con matarla frente a sus compañeros de cuarto, recordó Kenia. La madre del niño explicó al grupo que habían huido de Guatemala para alejarse de su padre, quien en una ocasión le había hecho lo mismo frente al niño.

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Reformas y una evaluación desoladora

A diferencia de otros tipos de centros de detención para migrantes que han suscitado investigaciones debido a sus condiciones –como las estaciones de la Patrulla Fronteriza y los refugios para niños que supervisa el Departamento de Salud y Servicios Humanos– las instalaciones utilizadas para la detención a largo plazo de las familias han recibido poca atención pública.

Inicialmente, estos lugares, que se establecieron en un lugar de Pensilvania durante la presidencia de George W. Bush, eran vistos por algunos como una manera de ayudar a los migrantes que llegaban al país sin un plan para establecerse, dándoles refugio y alimento.

Sin embargo, después del inesperado aumento en la cantidad de familias que cruzaban la frontera, los funcionarios comenzaron a sugerir que encarcelar a los migrantes durante largos periodos podría ser una manera eficiente de desalentar a otros de seguir sus pasos.

Dos nuevos centros de detención fueron establecidos en Texas, en 2006, y en Nuevo México, en 2014; ambos cerraron luego de enfrentar demandas y de que las inspecciones gubernamentales encontraran que los niños perdían peso con rapidez debido a que ingerían alimentos incomibles y recibían una mala atención médica.

El escrutinio motivó cambios a las normas para la detención familiar. Los diminutos uniformes carcelarios para los niños fueron remplazados por camisetas y pantalones de mezclilla, y se instalaron baños privados en lugar de baños mixtos abiertos. Las normas actuales establecen que se deben impartir clases conforme a los parámetros educativos estatales y debe haber atención médica en el centro.

Jeh Johnson, quien fungió como secretario de Seguridad Nacional durante el gobierno de Barack Obama, creó un comité asesor de expertos para sugerir reformas con el fin de humanizar más este sistema.

En cambio, concluyeron que no había una manera segura de detener a las familias y en 2016, votaron por unanimidad para recomendar que el sistema cerrara.

The New York Times/FOR