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Cómo fue que McKinsey ayudó a que Trump implementara sus políticas

Foto: NYT
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La compañía respondió rápidamente a los decretos del presidente de EUA. Para el verano de 2017 el ICE había comenzado a adoptar las propuestas para acelerar la contratación Ian MacDougall A tan solo unos días de haber tomado posesión, el presidente estadounidense Donald Trump se dispuso a cumplir su compromiso de campaña de frenar la … Leer más

La compañía respondió rápidamente a los decretos del presidente de EUA. Para el verano de 2017 el ICE había comenzado a adoptar las propuestas para acelerar la contratación

Ian MacDougall

A tan solo unos días de haber tomado posesión, el presidente estadounidense Donald Trump se dispuso a cumplir su compromiso de campaña de frenar la inmigración ilegal. En unos cuantos decretos presidenciales, ordenó que se trasladaran “todos los recursos legalmente disponibles” a los centros de detención fronterizos, y propuso contratar a 10 mil nuevos funcionarios de inmigración.

Los desafíos logísticos eran desalentadores, pero, por suerte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) ya contaba con un socio en su nómina: McKinsey & Co., una empresa internacional de consultoría que fue contratada durante el gobierno de Obama para ayudar a estructurar una “transformación organizacional” en la división del ICE encargada de deportar a los migrantes que residen de manera ilegal en Estados Unidos.

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Pronto, el ICE reorientó a McKinsey para que ayudara a que la agencia determine cómo aplicar las drásticas medidas de la Casa Blanca contra la inmigración ilegal.

Sin embargo, las recomendaciones para ahorrar dinero que propusieron los consultores incomodaron a algunos trabajadores de carrera del ICE. Según la gente entrevistada que trabajaba en este proyecto tanto para el ICE como para McKinsey y según mil 500 páginas de documentos de la agencia que se obtuvieron después de que ProPublica presentó una demanda basada en la Ley por la Libertad de la Información, estas recomendaciones proponían recortes al gasto en comida para los migrantes, así como en atención médica y supervisión de los detenidos.

El equipo de McKinsey también buscó maneras de acelerar el proceso de deportación, lo que preocupó a los miembros del personal del ICE por la posibilidad de que esas recomendaciones afectaran el derecho al debido proceso que tienen los migrantes en peligro de deportación de Estados Unidos. Según tres personas que trabajaban en el proyecto, parecía que a los consultores solo les interesaba recortar los gastos y agilizar las deportaciones –medidas cuyo éxito podía medirse en cifras– y no les importaba mucho que estas políticas afectaran a miles de seres humanos.

En lo que un antiguo funcionario describió como “reuniones acaloradas” con los consultores de McKinsey, los miembros del personal de la agencia cuestionaron si ahorrar algo de dinero en comida y atención médica para los detenidos justificaba el posible costo de vidas humanas.

Pero el poder de la empresa consultora sobre el ICE aumentó tanto que el personal de McKinsey redactó de manera anónima un documento de contratación gubernamental que definía las propias responsabilidades del equipo consultor y justificaba la permanencia de la empresa, una extensión de contrato de 2.2 millones de dólares. “¿Pueden hacer esto?”, le escribió en mayo de 2017 un funcionario del ICE a un oficial de contrataciones.

La respuesta refleja lo mucho que el ICE ha llegado a confiar en la ayuda de McKinsey. “Bueno, es evidente que lo ideal no es que un proveedor nos diga lo que queremos pedirle que haga”, respondió el funcionario de contrataciones. Pero, a menos que alguien del gobierno pudiera estructurar los objetivos de la agencia, añadió el funcionario, “¿qué otra opción hay?”, así que el ICE extendió el contrato.

El año pasado, The New York Times informó que, al final, McKinsey ganó más de 20 millones de dólares por su trabajo de consultoría para el ICE, es decir, por su participación en una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de Trump que causó inquietud entre algunos de los empleados y antiguos socios de McKinsey. El socio de administración global de la empresa, Kevin Sneader, les aseguró en un correo electrónico de 2018 que la empresa nunca se había concentrado en desarrollar, recomendar ni implementar políticas de inmigración. Dijo que McKinsey “bajo ninguna circunstancia se involucrará en ningún lugar del mundo en trabajos que promuevan o apoyen políticas que no vayan de acuerdo con nuestros valores”.

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No obstante, los nuevos documentos y entrevistas revelan que la empresa estaba muy comprometida con el diseño de políticas fundamentales para la represión migratoria del gobierno de Trump. Las recomendaciones de McKinsey sobre los recortes de gastos fueron demasiado lejos para algunos empleados de carrera del ICE, y muchas de las propuestas nunca se cumplieron.

McKinsey ha enfrentado un escrutinio cada vez mayor en los últimos dos años debido a que The Times, ProPublica y otros han cuestionado si la empresa ha rebasado los límites éticos y legales en busca de rentabilidad. La consultoría devolvió millones de dólares en honorarios luego de que las autoridades sudafricanas la implicaran en una maquinación para obtener ganancias excesivas. La revelación de haber asesorado a productores de opiáceos para impulsar sus ventas dio pie a que la empresa, que por lo general es hermética, declarara públicamente que había terminado su trabajo en el ámbito de los opiáceos. El mes pasado, The Times informó que McKinsey es objeto de una investigación penal federal que busca determinar si violó las normas de bancarrota. La empresa ha negado que existan actos indebidos en todos los casos, pero se disculpó por los errores cometidos en Sudáfrica.

El alcance de nuestro trabajo, acordado en el contrato con el gobierno de Obama, fue diseñado para ayudar a la agencia a encontrar maneras de trabajar con mayor eficacia y rentabilidad.”, dijo un vocero de McKinsey acerca de la consultoría de la empresa para el ICE. “El enfoque de nuestro trabajo no cambió como resultado de estos decretos del ejecutivo. Es incorrecta la aseveración de que el trabajo de McKinsey fue ‘reorientado’ por ellos”.

En una declaración, un vocero del ICE, Bryan D. Cox, dijo que el trabajo de McKinsey “produjo mejoras cuantificables en los resultados del objetivo, incluyendo una disminución importante en el tiempo para expulsar a los extranjeros que tenían una orden definitiva de expulsión”.

McKinsey rápidamente respondió a los decretos de Trump sobre la inmigración. De acuerdo con una serie de diapositivas de apoyo, el 13 de febrero, los consultores presentaron a los funcionarios del ICE un conjunto de “iniciativas para mejorar la contratación del ICE y atender el decreto del ejecutivo”.

Según los registros de contratación y de acuerdo con un exfuncionario del ICE, para el verano de 2017 la agencia había comenzado a adoptar las propuestas de McKinsey con el fin de acelerar la contratación. (Debido a las restricciones del presupuesto, el ICE solo ha contratado a una parte de los 10 mil funcionarios que se solicitaron).

En cuestión de meses, McKinsey estaba dando pasos gigantescos para alcanzar los objetivos de las políticas del gobierno de Trump. Los funcionarios del ICE afirmaron en un documento de contratación de octubre de 2017 que el trabajo de la empresa logró “beneficios cuantificables, incluyendo un número total mayor de expulsiones y una disminución en el tiempo de salida de un detenido”.

Mientras algunos de los consultores trabajaban en el problema de la contratación, otros se enfocaban en los problemas logísticos que planteaba una afluencia esperada de detenidos debido a la disposición del gobierno de Trump de aplicar de manera más estricta las leyes de inmigración.

Según la gente que participaba en el proyecto, el equipo de consultores estaba tan enfocado en ahorrar dinero, que algunas veces ignoraban a los trabajadores del ICE que decían que las propuestas de recorte de gastos de McKinsey ponían en riesgo la salud y la seguridad de los migrantes, e incluso se quejaban de esto con los directivos de la agencia.

Cox, el vocero del ICE, negó que las recomendaciones de McKinsey pudieran afectar el bienestar o los derechos al debido proceso de los detenidos. El vocero de McKinsey dijo que el trabajo de la empresa tenía como objetivo identificar los rubros en los que los proveedores de los centros de detención estaban cobrándole en exceso al ICE –lo cual preocupaba desde hacía mucho tiempo a las agencias de vigilancia– y proponer soluciones.

Las presentaciones de la empresa muestran que McKinsey buscaba “oportunidades para ahorrar en el proceso de detención” de manera muy franca. Los consultores alentaron al ICE a adoptar una “estrategia a más largo plazo” con “decisiones operativas para tener espacios de bajo costo ante los espacios de alto costo”. En la práctica, eso significaba enviar a los detenidos a centros menos caros –y en ocasiones menos seguros– y a menudo en prisiones locales.

Existe un esfuerzo conjunto para intentar mandar a las personas que el ICE considera detenidos a largo plazo a centros administrados por las oficinas de los alguaciles locales donde las condiciones son pésimas”, comentó Eunice Cho, abogada principal en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que se dedica a asuntos relacionados con la detención de inmigrantes. Este organismo ha presentado varias demandas contra el ICE, incluso con respecto a sus políticas de detención durante el gobierno de Trump.

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De acuerdo con un correo electrónico interno del ICE y con dos antiguos funcionarios de esta agencia, McKinsey también quiso recortar costos reduciendo el nivel de las condiciones de los centros de detención del ICE. Un supervisor de la agencia escribió en un correo electrónico con fecha del 30 de marzo de 2017, que McKinsey estaba “buscando formas de recortar o reducir el nivel de las condiciones debido a que son demasiado costosas, aunque sin sacrificar la calidad, la seguridad y la misión”, añadió este supervisor.

El trabajo de McKinsey en el ICE terminó en julio de 2018. Dos exfuncionarios del ICE señalaron que había un descontento creciente entre los funcionarios de la agencia respecto al trabajo de los consultores, y la rotación de los directivos de la agencia dejó a la empresa de consultoría con pocos defensores.

No obstante, ha continuado el trabajo de la empresa para apoyar las restricciones de inmigración del gobierno de Trump. Tan solo una semana después de que Sneader anunció que había terminado el compromiso del ICE, McKinsey firmó un contrato por dos millones de dólares para asesorar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) a fin de preparar una nueva estrategia en la frontera que remplace el enfoque del gobierno de Obama, y desde entonces firmó otro contrato más –de hasta 8.4 millones de dólares– con la CBP que mantendrá a la empresa dentro de la agencia al menos hasta septiembre de 2020.

Algunas de las prioridades mencionadas en las diapositivas de McKinsey, en relación con la estrategia desplegada por la CBP en la frontera, son:

Invertir en la capacidad de admisión y rechazo”, “trabajar con agencias y elementos asociados a fin de optimizar los programas que desincentivan los ingresos ilegales” y, una de ellas simplemente decía: “El muro”.

AMIP.

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