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¿Quién gobierna en Perú? Una lucha de poderes crea la peor crisis política en décadas

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El lunes por la tarde, Vizcarra invocó un precepto constitucional que le permite disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias

Perú se sumió el martes en la crisis política más profunda que ha vivido en por lo menos tres décadas, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta declararon su legitimidad al frente del país y el Congreso cerró sus puertas, acordonado por policías antimotines.

El disfuncional sistema político de Perú, plagado de corrupción, ha estado al borde de la crisis desde hace varios años. Tres de sus expresidentes son objeto de investigaciones y uno murió cuando se dio un balazo antes de ser arrestado. Sin embargo, la situación llegó a su punto álgido cuando el presidente actual, Martín Vizcarra, confrontó a las fuerzas conservadoras que controlan el Congreso y las acusó de bloquear sus acciones para combatir la corrupción y aprobar una reforma política.

El lunes por la tarde, Vizcarra invocó un precepto constitucional que le permite disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. En respuesta, el Congreso lo suspendió y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.

Al despertar el martes, Perú se encontró con un gobierno nacional distinto.

Manifestantes se reúnen para celebrar que el presidente peruano Martín Vizcarra ordenara el cierre del Congreso luego de que los legisladores se negaran a acatar un pedido presidencial en Lima, Perú, el lunes 30 de septiembre de 2019. /Foto: AP

En el centro de Lima, la capital, la policía bloqueó el tráfico, por lo que las calles estaban casi vacías y las tiendas cerradas. Mientras que algunos peruanos celebraron la decisión de Vizcarra ya que la consideran una purga de las élites corruptas que hacía falta desde hace tiempo, otros ven en esa drástica medida un reflejo del pasado tiránico de Perú.

A continuación presentamos algunos puntos que nos ayudarán a comprender esta crisis tan arraigada y que sin duda moldeará el futuro de la economía sudamericana que registra el crecimiento más acelerado.

¿POR QUÉ EL PRESIDENTE SUSPENDIÓ AL CONGRESO?

Vizcarra argumenta que la oposición, que controla el Congreso, ha bloqueado en repetidas ocasiones sus acciones para limpiar la política peruana y aprobar reformas muy necesarias.

La gota que derramó el vaso para Vizcarra ocurrió el lunes, cuando presentó al Congreso una cuestión de confianza con el objetivo de cambiar el procedimiento para designar jueces al tribunal supremo de la nación, el Tribunal Constitucional. A este cuerpo judicial se le encomienda, entre otras cosas, la resolución de controversias entre el presidente y el Congreso.

La policía hace guardia afuera del palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 1 de octubre de 2019. El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el Congreso controlado por la oposición y convocó a nuevas elecciones. /Foto: AP

Los legisladores le otorgaron el voto de confianza, pero también designaron a un juez constitucional de su elección: el primo del líder del Congreso.

De cualquier forma, este enfrentamiento con el Congreso parecía solo una cuestión de tiempo, en opinión de Carlos Meléndez, experto peruano de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile.

Vizcarra, un político regional llegado a la vicepresidencia, es un tanto ajeno a los círculos de poder de Lima. Asumió el poder el año pasado cuando el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, renunció tras presentarse cargos de corrupción en su contra.

A pesar de que su plataforma de combate a la corrupción ha sido popular entre los peruanos y la percepción general es que el Congreso es corrupto, Vizcarra no cuenta con un mandato electoral ni con un partido fuerte. Su partido solo tiene cinco escaños de los 130 ocupados por legisladores del país.

Sus oponentes conservadores, encabezados por los 54 congresistas del partido de la rival de Kuczynski en las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, tienen mayoría en el Congreso.

¿TIENE FACULTADES PARA HACERLO?

Según se consigna en la Constitución de Perú, el presidente puede disolver el Congreso si este le niega en dos ocasiones el voto de confianza a su Gabinete.

No obstante, afirmar que las acciones de Vizcarra cumplen ese requisito depende de la interpretación de la ley que se acepte.

El año pasado, Vizcarra presentó una cuestión de confianza en tres ocasiones, aprovechando un mecanismo constitucional para incluir propuestas de reforma en un voto de confianza en su Gabinete. En todos los casos, el Congreso aprobó al Gabinete e ignoró las propuestas.

El lunes, Vizcarra argumentó que el truco del Congreso constituyó una “negación fáctica” de confianza, por lo que le concedía el derecho de disolver la legislatura y convocar a nuevas elecciones.

“En espíritu, el Congreso definitivamente negó la confianza a dos Gabinetes; al pie de la letra de la ley, quizá no”, explicó Cynthia McClintock, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad George Washington.

Un simpatizante del presidente peruano Martín Vizcarra ondea la bandera de su país a las afueras del Congreso después de que Vizcarra disolvió la legislatura, el lunes 30 de septiembre de 2019, en Lima. /Foto: AP

Debido a la falta de certeza en cuanto a la legalidad de la medida que tomó Vizcarra, lo que deja en duda que se haya disuelto el Congreso, tampoco queda claro si este último todavía contaba con facultades para suspender a Vizcarra y juramentar a la vicepresidenta Aráoz. Ahora, Perú enfrenta un problema constitucional como el de la gallina y el huevo, se lamentó Michael Baney, analista de riesgos en la consultora WorldAware.

“Si la disolución del Congreso fue legal, entonces su votación para retirarle la investidura a Vizcarra fue ilegal, pues ya ni siquiera se encontraba en sesión”, comentó. “Por supuesto, también el caso inverso es cierto: si el anuncio de Vizcarra sobre la disolución del Congreso no fue legal, entonces el Congreso se encontraba en sesión y, por lo tanto, tenía facultades para retirar la investidura de Vizcarra”.

¿QUÉ VA A PASAR AHORA?

El diario oficial de Perú publicó el martes la fecha de las próximas elecciones legislativas: se fijaron para el 26 de enero.

Vizcarra publicó el lunes por la noche fotografías en las que se le ve rodeado de los principales generales del país, para demostrar que cuenta con el apoyo del Ejército.

Los peruanos reaccionaron el lunes con marchas de apoyo en distintas ciudades del país después de que el presidente leyó la orden de disolución en un mensaje televisado; los manifestantes se veían sonrientes, daban saltos y gritaban la consigna: “Sí se pudo”. La policía acató la orden y acordonó el Congreso con escudos antimotines para evitar la entrada de la mayoría de los legisladores el martes.

Un simpatizante enmascarado del presidente Martín Vizcarra a las afueras del Congreso, en donde la policía montada instaló una guardia después de que el presidente disolvió la legislatura, el lunes 30 de septiembre de 2019, en Lima. /Foto: AP

Con todo, el Congreso no ha cejado en sus intenciones. La Comisión Permanente que, conforme a derecho, ejerce funciones en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso, se refugió en el palacio legislativo el martes y amenazó con hacer permanente la suspensión de doce meses de Vizcarra, lo que, en teoría, podría hacer necesarias nuevas elecciones presidenciales.

La presidenta en funciones designada por el Congreso, Aráoz, se comprometió el martes a presentar el caso de la crisis constitucional del país ante la Organización de Estados Americanos.

Algunos analistas afirman que lo más probable es que recaiga en los tribunales peruanos la tarea de resolver la crisis, pero incluso esta situación es incierta. La principal interrogante es qué tribunal lo haría. Precisamente las diferencias en cuanto a la designación de magistrados para el Tribunal Constitucional desencadenaron la crisis actual.

¿CÓMO HAN TOMADO LOS PERUANOS ESTOS ACONTECIMIENTOS?

La policía antimotines bloqueó el tránsito hacia el centro de Lima el martes y muchos negocios de las principales avenidas permanecieron cerrados.

En general, los mercados no han reaccionado a la crisis. La moneda, los bonos y el mercado accionario de Perú recuperaron la mayoría de las pérdidas iniciales el martes, pues los inversionistas confían en que ambos bandos políticos mantengan las mismas políticas favorables a los negocios que han impulsado el impresionante crecimiento económico de Perú en los últimos diez años.

En esta foto provista por la oficina de prensa de la presidencia de Perú, el presidente Martín Vizcarra ofrece un mensaje a la nación desde el palacio de gobierno en Lima, Perú, el lunes 30 de septiembre de 2019. /Foto: AP

El ánimo general en los distritos de clase media de Lima el martes era una combinación entre incertidumbre y alegría por la posibilidad de romper con el estancamiento político. Las manifestaciones del lunes, en las que la mayoría de los participantes fueron jóvenes peruanos que apoyaban a Vizcarra, han dejado tras de sí una tensa calma.

Para muchos peruanos, en particular los jóvenes y los ciudadanos con ideología de izquierda, la medida de Vizcarra es una oportunidad de dar borrón y cuenta nueva para reformar, por fin, el sistema político corrupto que durante décadas permitió a los partidos políticos tradicionales establecer relaciones de mecenazgo económico y de poder a costa del desarrollo del país.

¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES EN EL CONTEXTO MÁS AMPLIO?

Algunos analistas advierten que la parálisis política de Perú pronto podría desgastar su crecimiento económico estable, que ha sido impulsado por la inversión en infraestructura y el sector minero. El crecimiento económico del 3,9 por ciento que el Fondo Monetario Internacional pronosticó para Perú este año es una señal de salud financiera en un continente azotado por el estancamiento y los movimientos bruscos en el mercado accionario, así como por un franco derrumbe en la cercana Venezuela.

Sin embargo, lo más probable es que el modelo económico básico de Perú no sufra cambio alguno, independientemente de qué contendiente a la presidencia alcance el triunfo.

“Hasta ahora, nada parece indicar que el ambiente regulatorio favorable para el sector extractivo ni el tratamiento de los proyectos operativos en proceso vayan a sufrir consecuencias negativas”, aseveró Diego Moya Ocampos, analista de riesgos políticos de IHS Markit en Londres.

The New York Times / AM 

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