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Disminuyen procedimientos legales en contra del gobierno del estado

Magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Ignacio Aguilar Ramírez. / Foto: Especial
Magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Ignacio Aguilar Ramírez. / Foto: Especial

Disminuyen 34 por ciento los procedimientos legales contra gobierno estatal, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje reconoció esta baja

Miriam Vega

El 2022 cerrará con un decremento del 34 por ciento en los procesos legales en contra del gobierno estatal por parte de extrabajadores, de acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Ignacio Aguilar Ramírez. Asimismo, señaló que dé el total de las quejas recibidas por el Tribunal, el 50 por ciento llegan a una resolución a través de convenios entre las partes.

“En comparación con los años anteriores, hemos tenido una disminución de los procedimientos iniciados en el tribunal, ya que el promedio en la administración anterior fue de tres mil 500. Si bien es cierto que hemos tenido cerca de dos mil 300 procedimientos iniciados ante el tribunal, más del 50 por ciento fueron resueltos en convenio”, reiteró el magistrado.

El funcionario comentó que dicha disminución se ha debido principalmente a la estabilidad de la plantilla laboral durante la administración de gobernador, Mauricio Kuri, quien ha descendido hasta en un 67 la rotación de personal en comparación con el primer año de la administración anterior. Así como en los años en los que se desató la pandemia.

“En tiempos prepandemia, fueron tres mil 500 en promedio. De hecho, en 2016, tuvimos hasta siete mil, que fueron disminuyendo gradualmente a los números que tenemos actualmente. Conforme han pasado los años ha venido disminuyendo a partir de 2016, porque antes de 2016 el Tribunal tenían muy pocos asuntos”, apuntó.

Ignacio Aguilar señaló que estos procedimientos se inician cuando algún trabajador emite alguna queja por despido injustificado por parte de la administración pública, ante lo que solicitan una indemnización constitucional.

Lo que implica la liquidación que corresponde a tres meses de salario por indemnización; 20 días de sueldo por cada año trabajado; prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado; pago de partes proporcionales de aguinaldo; vacaciones y prima vacacional; y otras prestaciones acumuladas por el trabajador que no hayan sido liquidadas por el empleador.

“La mayoría de los procedimientos son producto de reclamos por despido injustificado, ya sea que reclaman la indemnización constitucional o la reinstalación”, concluyó el funcionario.

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