Querétaro, de los menos impunes ambientalmente

Juan Carlos Machorro

En el Índice de Impunidad Ambiental 2020, un proyecto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Sistema de Inteligencia de Mercados y Opinión, Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y Jenkins Graduate School, el estado de Querétaro se considera la quinta entidad del país con menos impunidad en ecología a nivel nacional.

El estudio académico tiene tres años de realizarse (2018, 2019 y 2020), en donde los
actuales cinco primeros sitios han sido movibles, en especial Durango (que en 2018 era el sitio 19), Morelos (en 2018 era sitio 6), Ciudad de México (en 2018 era sitio 2), Baja California (en 2018 era sitio 28) y Querétaro (en 2018 era sitio 15).

En las secciones que se miden en dicho estudio se señala que los mejores estados en Dimensión de capacidad institucional son Ciudad de México, Baja California Sur, Durango, Aguascalientes, Chihuahua; en dicha categoría Querétaro es sitio 12.

En Dimensión de crimen ambiental, los primeros sitios son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Jalisco; en dicha categoría Querétaro es sitio 11.

En Dimensión de degradación ambiental, los mejores en su prevención son Zacatecas, Ciudad de México, Baja California Sur, Durango y Morelos; en este sector el estado de Querétaro se coloca en un alarmante sitio 25 de los 32 estados.

En Dimensión de estrategia intergeneracional, los mejores son Baja California, Quintana Roo, Morelos y Querétaro (ocupa el cuarto sitio, su mejor calificación).

El documento se presentará en la cuarta edición del Foro de París sobre la Paz, donde se busca contribuir a minimizar el impacto ambiental en América Latina.

Las 15 entidades en impunidad media son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit. Mientras que 6 entidades tienen impunidad alta: Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco.

Para los expertos de la UDLAP, Celeste Cedillo, catedrática de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Juan Le Clercq, decano de Ciencia Política y coautor del Índice de Impunidad, no es posible implementar una política ambiental efectiva con capacidades y recursos institucionales tan limitados, tanto a nivel federal como estatal.

La investigadora denunció que falta voluntad a nivel federal y estatal para otorgar mayor presupuesto a los temas ambientales.

“Aunque diversas entidades lideran las categorías señaladas, en general las cifras son malas, pues los mejores Estados tienen una puntuación de 2.31, cuando el máximo es 4 puntos”.

Por su parte, el profesor universitario declaró que el desempeño ambiental nacional es mediocre y se viola en derecho humano a un medio ambiente sano. “La información que logramos obtener fue diversa y la Federación presenta una gran inconsistencia en sus números; necesitamos un real censo en el país sobre la realidad de los ecosistemas”.

“El impacto de la pandemia dificultó la atención a la degradación ambiental; sin embargo, parece que fue espejismo el regreso de las especies a diversos ecosistemas con la cuarentena humana, pues en estos últimos meses se aprecia que el hombre regresa a sus viejas costumbres; un ejemplo es el alza de emisiones contaminantes en el planeta”.

Celeste Cedillo añadió que es una realidad que sin recursos económicos no se pueden preservar los ecosistemas y urge el trabajo en sinergia de todas las autoridades.

En México no hay suficientes acciones políticas que reflejen un verdadero compromiso con la protección al medioambiente. Un ejemplo claro es la reducción específica del presupuesto de gobierno destinado al Ramo 16 “medioambiente y recursos naturales”. Éste se redujo notablemente en el periodo de 2012 a 2019.

Además, la distribución del gasto ejercido por la Semarnat durante el periodo de 2012 y 2018 ha beneficiado en gran medida a la Comisión Nacional del Agua, mientras que el resto de los organismos se han repartido, en promedio, apenas el 17% del gasto federal.