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Superan decesos por incidentes viales que por COVID-19 en Querétaro

Superan decesos por incidentes viales que por COVID-19 en Querétaro
Superan decesos por incidentes viales que por COVID-19 en Querétaro

Observatorio Ciudadano de Movilidad urge al Congreso de la Unión a promulgar la Ley General en Materia de Movilidad, pues el plazo para decretarla venció el pasado 18 de junio Haydé Ruiz Esta semana, en Querétaro, se contabilizaron más decesos por accidentes viales que por el nuevo coronavirus, lamentó el vocero del Observatorio Ciudadano de … Leer más

Observatorio Ciudadano de Movilidad urge al Congreso de la Unión a promulgar la Ley General en Materia de Movilidad, pues el plazo para decretarla venció el pasado 18 de junio

Haydé Ruiz

Esta semana, en Querétaro, se contabilizaron más decesos por accidentes viales que por el nuevo coronavirus, lamentó el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera.

Tan solo en los últimos días, de acuerdo con la estadística que reunió el organismo ciudadano a través de medios de comunicación, sumaron alrededor de 13 incidentes viales en el que fallecieron peatones, ciclistas o conductores dentro de la Zona Metropolitana del Estado, contra los dos decesos que dejó esta semana el Sars-CoV2 en la entidad.

“Dato curioso, fueron más muertos por incidentes viales esta semana que por COVID-19; siete muertos acá por Santa Rosa (Jáuregui). El jueves, una mujer, por San Pablo, también, un alcoholizado de Constituyentes, no hubo fallecidos, pero igual otro incidente vial; el de lunes o martes el del policía que iba a su casa y lo embistió un vehículo; el viernes hubo una mujer prensada en Cuesta China… no puede ser que en una semana tengamos más muertos por incidentes viales que por el nuevo coronavirus y las autoridades no hagan algo”, cuestionó el activista queretano.

Los accidentes viales, dijo, son la “otra pandemia”, pues en el último año en México se registraron 16 mil fallecimientos a causa de estos incidentes.

Incumplen plazo para nueva Ley de Movilidad federal

El pasado 18 de diciembre de 2020, la seguridad vial se convirtió en un derecho constitucional luego de que el Gobierno federal publicara el decreto por el que se reformó el Artículo 4 de la Carta Magna al que se adhirió que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio un plazo de 180 días al Congreso de la Unión para promulgar la nueva Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que debía decretarse a más tardar el 18 de junio pasado, obligación que incumplieron los legisladores federales.

 

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Ante esto, Sergio Olvera adelantó a este medio que, mediante un comunicado, urgirán a las autoridades competentes a decretar la nueva legislación, pues será uno de los pasos más importantes para garantizar la movilidad de cualquier persona incluso mediante la promoción de amparos.

Además, dijo, el Observatorio y otras organizaciones se muestran optimistas ante la próxima nueva ley, pues se ha trabajado con miembros de la sociedad civil involucradas en causas de movilidad y seguridad vial, por lo que se incorporarán demandas ciudadanas como la reducción de velocidad en ciertas arterias primarias y carreteras para reducir hasta en 90 por ciento la probabilidad de morir por el impacto de un vehículo; así como adecuar las vías rápidas para que se cumpla la pirámide de movilidad.

“Esto qué significa, pues que en principio se deben de acabar las vialidades como Bernardo Quintana, donde no se puede circular en una bicicleta, incluso están los letreros que dicen que no pueden circular bicicletas, es parte de todas estas adecuaciones que, cuando se consigan, es una modificación sustancial de nuestras ciudades, va a tardar, pero lo importante es que ya está en el cuarto constitucional”, sostuvo.

Una vez que se promulgue la ley, las autoridades estatales y municipales también contarán con un periodo de gracia para cumplir con la obligación de adecuar los reglamentos correspondientes a cada competencia y dar cumplimiento al contenido de la nueva legislación.

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