CNDH impugnará ante la Suprema Corte la ‘Ley Garrote’
Las reformas al Código Penal para el Estado de Querétaro, entre otras transgresiones, criminalizan la enfermedad del COVID-19 e inhiben el ejercicio de la libertad de expresión, aseguró la CNDH en un comunicado Redacción La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reformas al … Leer más
Las reformas al Código Penal para el Estado de Querétaro, entre otras transgresiones, criminalizan la enfermedad del COVID-19 e inhiben el ejercicio de la libertad de expresión, aseguró la CNDH en un comunicado
Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reformas al Código Penal denominada ‘Ley Garrote’.
En un comunicado, la CDH indicó que “tras un análisis minucioso de las propuestas de reforma, se constató que estas reformas podrían resultar contrarias a varios derechos y libertades de las personas, particularmente, los de seguridad jurídica, libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de tránsito, así como los principios de legalidad, taxatividad y de mínima intervención del derecho penal”.
El organismo señaló que en tanto se publicaba en La Sombra de Arteaga las reformas al Código Penal, se estaba elaborando la demanda de acción de inconstitucionalidad.
“Esta Comisión Nacional cumplió con su promesa. El pasado 18 de diciembre de 2020 fueron publicadas las citadas reformas y, en ejercicio de la facultad que le concede la Constitución Federal, acudimos el día 13 de enero de 2021, a la SCJN a presentar el escrito de demanda correspondiente, debido a que su contenido no fue modificado de tal forma que ya no se produjeran violaciones a los derechos fundamentales de las y los queretanos”.
En el escrito de demanda se argumentó que las reformas realizadas al Código Penal para el Estado de Querétaro, implementadas fundamentalmente para combatir la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), prevén delitos y sanciones que, en esencia, carecen de la precisión necesaria o resultan en una afectación excesiva y desproporcionada de la libertad y el patrimonio de las personas, por lo que se estima que violan los principios de legalidad, taxatividad, seguridad jurídica y de uso mínimo de las medidas punitivas del Estado.
“La CNDH estima que aumentar las penas privativas de la libertad no constituye la política criminal más adecuada, pues ello no garantiza una disminución de los delitos, por el contrario, afecta el tejido social y satura el sistema penitenciario. El uso de sanciones penales, como las impugnadas, para hacer frente a la contingencia, criminalizan una enfermedad y tienen efectos desproporcionales sobre grupos excluidos y vulnerables”.
Asimismo, la CNDH reiteró que no debe utilizarse el derecho penal como parte de las políticas públicas de salud, sino que debe privilegiarse el uso de otras medidas más efectivas y menos represoras.
#AFavorOEnContra: Repudio generalizado a la ‘Ley garrote’ en Tabasco
El organismo nacional indicó en su comunicado que se consideraron las quejas y razonamientos conocidos mediante la recepción de peticiones de diversos grupos sociales solicitando su impugnación.
Más noticias
