Preparan impugnación de la ‘Ley garrote’ de Querétaro ante SCJN

La reforma incrementa las penas a las personas que incumplan medidas sanitarias y a quienes impidan el desarrollo de obra pública

Khalid Osorio

Diversas organizaciones ya se preparan para interponer una acción de inconstitucionalidad por la reforma al código penal en el estado de Querétaro, mejor conocida como ‘ley garrote’.

El presidente de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, Pablo Héctor González, confirmó que ya tuvieron comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se declare inconstitucional esta reforma.

“Ya entablamos comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y refrendan que ellos sí van a interponer la acción de inconstitucionalidad”, dijo Pablo González.

En estos momentos nos encontramos en la Presentación de la Estratégia y Acciones en contra de la denominada “#LeyGarrote”. pic.twitter.com/M8n5ABQg4t

— Paloma Arce (@PalomaArce9) December 22, 2020

El activista Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la no Discriminación y el Estado Laico, se pronunció en contra de lo que calificó como la criminalización de los ciudadanos.

“El camino penal no es la solución para cuidarnos. Esta ‘Ley garrote’ tuvo desde un principio una mano negra. Se los dijimos a los legisladores, se lo dijimos al gobernador. El camino siempre fue administrativo, pero finalmente sale la mano dura”, expresó Walter López.

Indicó que sostuvo una reunión con la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en la entidad, Roxana Ávalos, quien manifestó que también impondrá este recurso de inconstitucionalidad.

“Ellos saben perfectamente que es una ley inconstitucional. Nosotros como frente hablamos con la doctora Roxana y ella también va a meter un recurso de inconstitucionalidad”, dijo el activista.

La coordinadora de Morena en la Legislatura local, Paloma Arce, confirmó que emprenderán acciones legales contra la publicación de esta reforma por tener medidas desproporcionadas.

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La diputada Laura Polo indicó que el aumentar las penas para quienes ejerzan su derecho a protestar contra la ejecución de obra pública es un ataque a la libertad de exigir derechos.

“Se viene una situación muy difícil para los movimientos, los que están en contra de la tala de árboles, de los ejes estructurales. Por eso espero que podamos echar atrás esto”, expresó la legisladora.