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Las expropiaciones de tierra para el muro fronterizo se aceleran

Las expropiaciones de tierra para el muro fronterizo se aceleran/ Foto: AP
Las expropiaciones de tierra para el muro fronterizo se aceleran/ Foto: AP

Trump ha empleado la crisis de la pandemia por COVID-19 para forzar la adquisición de los terrenos que precisa para levantar el muro en la frontera sur Redacción Los residentes a lo largo del río Grande (conocido del lado mexicano como río Bravo) afirman que el gobierno estadounidense está acelerando los esfuerzos para confiscar propiedad … Leer más

Trump ha empleado la crisis de la pandemia por COVID-19 para forzar la adquisición de los terrenos que precisa para levantar el muro en la frontera sur

Redacción

Los residentes a lo largo del río Grande (conocido del lado mexicano como río Bravo) afirman que el gobierno estadounidense está acelerando los esfuerzos para confiscar propiedad privada para el muro fronterizo del presidente Donald Trump, aprovechando la pandemia de coronavirus para inspeccionar los terrenos mientras sus propietarios están confinados en sus casas.

“¿Se trata de una actividad esencial?”, preguntó Nayda Álvarez, de 49 años, quien hace poco encontró marcadores de construcción en la tierra que ha pertenecido a su familia desde hace cinco generaciones en el condado de Starr, Texas. “No se detuvieron ni un instante durante la orden de quedarse en casa o refugiarse”, agregó.

Durante los primeros cinco meses del año, el gobierno federal presentó una serie de demandas contra propietarios de tierras del sur de Texas para inspeccionar, expropiar y posiblemente comenzar trabajos de construcción en propiedades privadas, a fin de apresurarse a cumplir la promesa de Trump de construir 724 kilómetros de muro para fin de año, meta que el jueves disminuyó a 643 kilómetros.

Las negociaciones y las demandas han tenido sus dificultades. El gobierno ha adquirido solo 16 de los 342 kilómetros de propiedad privada que se prevé que atravesará el muro fronterizo en los sectores de Laredo y el valle del río Grande, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos del 19 de mayo obtenidos por The New York Times.

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El aumento en los litigios contra los propietarios de tierras, a pesar de la pandemia, es una prueba de la urgencia del gobierno por enviar una señal de la mano dura de Trump contra la inmigración. El presidente ha dicho que la pandemia es una prueba de la necesidad del muro, aunque no hay pruebas reales de que vaya a tener algún efecto en la salud pública.

“Como saben, México está teniendo enormes dificultades con la COVID-19, en especial a lo largo de la frontera”, declaró el jueves Trump ante los reporteros aunque las 8 mil 600 muertes y las 78 mil infecciones de México son solo una fracción de lo que se ha visto en Estados Unidos. “Por fortuna”, agregó el presidente, “tenemos un muro recién construido ahí, y el muro nos está salvando”.

Tan solo en marzo, el gobierno presentó trece demandas para tener acceso a terrenos y adquirirlos, el total más alto en un solo mes desde que Trump asumió el cargo, según el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, una organización sin fines de lucro que promueve la justicia racial, social y económica.

Algunos de los terrenos en disputa han estado desde hace generaciones en las familias de los propietarios demandados. Sin embargo, los texanos dicen que el momento que el gobierno ha elegido para actuar los ha puesto más en desventaja en un proceso en el que el gobierno ya tiene a la ley de su lado.

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Los terratenientes que cumplen los lineamientos para frenar el coronavirus no han podido reunirse con sus familiares para hablar sobre las ofertas del gobierno, consultar con abogados cómo luchar contra el gobierno o consultar a valuadores acerca del valor exacto de sus tierras. Algunos han cuestionado que la presión para tener acceso a sus propiedades se esté dando durante la propagación del coronavirus, cuando tratan de evitar el contacto social.

Según la lógica del gobierno de Trump, el lugar donde el muro es más necesario es en los terrenos privados del sur de Texas. La agencia fronteriza registró más de 34.000 cruces ilegales en el valle del río Grande en el año fiscal 2019, la cifra más alta de todos los sectores fronterizos.

“Es la ruta terrestre más corta desde la frontera entre Guatemala y México hasta Estados Unidos. Es un entorno donde es muy difícil llevar a cabo labores de vigilancia”, afirmó Gil Kerlikowske, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza durante el gobierno deBarack Obama. “Deberían centrarse en esa zona”.

THE NEW YORK TIMES/FOR

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