Advierte académico sobre Reformas al Código Penal en Querétaro

Considera que las sanciones en medio de una crisis sanitaria como la que se vive, lejos de fortalecer a la sociedad, le infunde miedo y pánico en Querétaro

Redacción

Los cambios al Código Penal en Querétaro representan un peligro para la democracia y el estado de derecho, pues contrario a las razones expuestas por los diputados que las aprobaron, no atienden la situación actual pues son permanentes y se convierten en violatorias de los derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de los que México es parte, advirtió el académico y profesor de Amparo en la carrera de Derecho de la Universidad Mondragón, Luis Itzcóatl Escobedo Leal.

Estas reformas obedecen a una tendencia hacia el populismo punitivo, que lamentablemente en los últimos años ha tomado mucha fuerza en varios países. Éste consiste en que cada vez más conductas son consideradas delitos o, en su defecto, se endurecen las penas contempladas para los delitos ya existentes, como es este caso”, subrayó.

El 29 de abril, la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales del Congreso local, sometió a consideración del Pleno reformas al Código Penal del Estado de Querétaro, las cuales fueron aprobadas por mayoría, sin que hasta el día de hoy hayan sido publicadas en La Sombra de Arteaga por el Gobernador del Estado de Querétaro.

Según los diputados que votaron a favor de dichos cambios, estos tuvieron como objetivo atender a la situación extraordinaria que se vive en la entidad por la pandemia provocada por la COVID-19. 

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A grandes rasgos, explicó el especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, las reformas endurecieron las penas ya establecidas para la comisión de algunos delitos, entre los que se encuentran:

Poner en riesgo la salud de otras personas estando infectado por algún virus; la omisión de auxilio; la discriminación en contra de personas de los servicios de salud; la extorsión; la violencia familiar; la apología del delito así como poner en peligro la salud de las personas al no respetar el aislamiento por padecer alguna enfermedad transmisible; también la usurpación de funciones públicas; la organización social con fines de saqueo, daño, robo o ejecución de actos violentos en contra de algunos establecimientos; el rehusarse a prestar algún servicio; no otorgar la protesta de ley o negarse a declarar ante autoridad cuando no se tuviera causa legitima para no hacerlo; delitos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones; quebrantamiento de residir en una circunscripción territorial determinada; impedir la ejecución de obras o trabajos públicos, entre otros.

“Es importante destacar que dichas reformas endurecen las penas contempladas para delitos que con anterioridad ya eran muy cuestionados por la población, por considerarse que en su texto son ambiguos y que restringen gravemente el ejercicio de algunas de las principales libertades, como el libre tránsito, la libre asociación, la libertad de expresión, la seguridad jurídica, la protesta social, por mencionar algunas, así como los principios de taxatividad y legalidad.

La ambigüedad con que esos tipos penales están redactados, el tipo de conductas que tipifican, así como la estipulación de sanciones más severas, permite al gobierno estatal tener un amplio margen de actuación no solo para hacer cumplir las medidas de aislamiento o el respeto al personal de salud en medio de la pandemia, sino también para reprimir la protesta social, que en los últimos meses ha aumentado en contra de algunas obras públicas, como la construcción de ejes viales de transporte público y, en general, aquellas que implican la tala de árboles”, subrayó.

A decir del académico, aumentar las sanciones en medio de una crisis infunde miedo y pánico, lo cual puede resultar contraproducente y permite que el brazo coactivo del Estado cometa arbitrariedades en contra de la población.

Destacó que se ha demostrado que volver más severas las sanciones para ciertas conductas, no tiene un efecto disuasivo, ya que no evita que las personas cometan ciertos delitos, sino que permite al Estado, actuar con mayor discrecionalidad, vuelve el derecho penal una forma de venganza y permite hacer uso de la violencia estatal para reprimir a la población.

Reiteró que es probable que, de ser publicadas las reformas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente una acción de inconstitucionalidad para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inconstitucionales.

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