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Propone PAN reformas al Código Penal en materia de seguridad

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Como parte de la estrategia planteada por el Gobierno estatal, el grupo legislativo de Acción Nacional planteó la modificación a la normativa Ana Morales Con la finalidad de fortalecer las leyes a favor de la seguridad para la ciudadanía queretana, el grupo parlamentario de Acción Nacional propuso la reforma a seis artículos del Código Penal … Leer más

Como parte de la estrategia planteada por el Gobierno estatal, el grupo legislativo de Acción Nacional planteó la modificación a la normativa

Ana Morales

Con la finalidad de fortalecer las leyes a favor de la seguridad para la ciudadanía queretana, el grupo parlamentario de Acción Nacional propuso la reforma a seis artículos del Código Penal del estado para incluir como conducta delictiva hechos como la difusión de contenido sexual sin consentimiento y otros.

Para quien obtenga y divulgue imágenes, videos o audios  con contenido sexual sin consentimiento, o de quien amenace con hacerlo, se le otorgarán de uno a cinco años de prisión, pudiendo aumentar esta pena en caso de que el material divulgado sea de menores de edad o de mayores de 60 años, así lo especificó la diputada Verónica Hernández.

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También se propone la reforma del artículo 221 para castigar a quienes porten objetos o instrumentos que sirvan para alterar o forzar cerraduras y dispositivos de seguridad, sin alguna justificación de su uso lícito. Para este delito se impondrá una pena de uno a cinco años de prisión. Mientras que para quienes falsifiquen objetos de las corporaciones policiacas o de instituciones de seguridad para usarlas o comerciarlas para su uso con fines ilícitos, la pena sería de tres meses a cinco años de prisión.

De igual forma, se incluye un castigo para quienes tengan conocimiento y no den aviso a las autoridades, de que los inmuebles o vehículos de su propiedad están siendo usados para cometer delitos; así como para quienes alteren las placas de circulación de los vehículos. Para ambos delitos, se castigaría con uno o hasta cinco años de prisión.

Por otro lado, para aquellas personas que alteren o dañen los lugares donde se haya cometido un delito, o que hayan sustraído objetos de evidencia, con el fin de favorecer a quienes estén implicados en el delito, se impondrán de tres a nueve años de prisión. Para los funcionarios públicos de su competencia fuera de una audiencia judicial, los años de prisión impuestos irán de dos a seis; esta pena será aplicable también para abogados defensores, litigantes y representantes jurídicos. Asimismo, para quien quebrante las sanciones judiciales o administrativas de privación o inhabilitación de derechos y funciones se impondrán de 10 a 50 días de multa, pudiendo duplicarse si se reincide.

En este sentido, el diputado Roberto Cabrera recalcó la importancia de este instrumento legal en materia penal, el cual pretende atender las demandas sociales de forma certera.

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