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Buscan castigar a abogados litigantes que inciten a testigos a mentir

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El funcionario puntualizó que un equipo conformado por personal del Poder Judicial, de la Fiscalía General, abogados litigantes y docentes ya trabajan en la elaboración del documento y las propuestas de penalización

Roxana Romero

La iniciativa de reforma al Código Penal, que será propuesta por el Ejecutivo estatal, contempla incluir delitos que no están considerados dentro de la Reforma hecha para la creación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, como es el castigo a los abogados litigantes que inciten a los testigos a mentir en un juicio o que inhiban la presentación de personas cuyo testimonio es muy importante en las audiencias judiciales, informó el titular de la Secretaría de Gobernación en el estado, Juan Martín Granados Torres.

El funcionario puntualizó que un equipo conformado por personal del Poder Judicial, de la Fiscalía General, abogados litigantes y docentes ya trabajan en la elaboración del documento y las propuestas de penalización, que deben estar regidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben estar bien justificadas para castigar ciertas conductas que ponen el riesgo y dañan algún bien jurídico de la sociedad.

La iniciativa, que forma parte de una de las estrategias del Plan 10×100 de seguridad en la entidad será presentada antes de que concluya este mes para que sea analizada por los legisladores locales.

La reforma también contempla la modificación de ciertos artículos del Código Penal estatal para incluir delitos de peligro como el que una persona porte, sin un objetivo lícito y sin acreditar la causa, instrumentos físicos y electrónicos que solo pueden ser utilizados para cometer delitos como son llaves maestras, inhibidores de señales de teléfono y de señales electrónicas de puertas.

Acerca de la inclusión de los delitos contra los abogados litigantes, explicó, se tomó la decisión de incluirlos porque se detectó que ocurren con frecuencia en la entidad y no existe una posibilidad de aplicarles un castigo.

Se trata de que exista un nuevo marco jurídico, tanto a nivel de Código Penal, faltas administrativas y procedimiento de justicia cívica oral, que lo va a ser no solamente más pronto, sino más transparente. Son delitos que no existen en el Código Penal, pero que deben ser sancionados”, expuso.

Por último, sostuvo que el documento debe tener una justificación teórico-jurídica y debe cumplir con un principio de necesidad de proporcionalidad, de racionalidad y debe haber una taxatividad.

Además, para que el ejercicio del castigo por parte del Estado no se convierta en una lesión a derechos fundamentales, tiene que estar perfectamente justificado por la prioridad de los Derechos Sociales y de los derechos de las personas que viven en la comunidad.


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