Juan Pablo Rangel es nuevo magistrado propietario del TJA

El exdirector del DIF estatal, quien fue propuesto el 25 de abril por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, tomó protesta de su nuevo cargo durante la sesión del Pleno de ayer

Roxana Romero

Con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, Juan Pablo Rangel fue nombrado por el Congreso del estado como nuevo magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa para el periodo del 26 de abril de este año al 25 de abril de 2031, luego de la renuncia de José Landeros Arteaga.

El exdirector del DIF estatal, quien fue propuesto el 25 de abril por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, tomó protesta de su nuevo cargo durante la sesión del Pleno de ayer.

Para otorgar el nombramiento, fue necesario decretar un receso de poco más de una hora, pues existía un desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas del poder Legislativo.

Al reanudarse la sesión, los legisladores informaron que, luego de revisar el perfil, decidieron que Rangel cumple con los requisitos necesarios para ocupar el puesto, entre los que están, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación.

Además de poseer una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Correspondiendo a la Legislatura  decidir sobre la elección y analizado el perfil del candidato propuesto, se advirtió que el mismo cuenta con los requisitos de ley para desempeñarse como magistrado del tribunal, razón por la que se expidió el decreto”, mencionó la diputada Daniela Salgado.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, este forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro y tiene las facultades de imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidades administrativas graves, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Además, finca a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.