Congreso rechaza iniciativa a Morena

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Tania Palacios Kuri, dijo que esta propuesta fue rechazada porque forzaría al Estado asumir una política de financiamiento que no es posible

Roxana Romero

La Comisión de Puntos Constitucionales votó en contra de la iniciativa para incluir el derecho humano al agua en la Constitución estatal, propuesta por la diputada de Morena Laura Patricia Polo Herrera en noviembre del año pasado. La iniciativa también buscaba evitar la privatización del agua.

La presidenta de la Comisión, Tania Palacios Kuri, dijo que esta propuesta fue rechazada porque forzaría al estado asumir una política de financiamiento que no es posible.

La propuesta de la diputada Laura Patricia Polo Herrera buscaba elevar a constitucional el derecho humano al agua, adoptando correctas medidas legislativas para lograr progresivamente la plena realización de este.

Manejar el agua como bien social, cultura, y no como un bien económico; además, fijar principios económicos adecuados en el manejo del agua, incluyendo precios justos y razonables para todos los usuarios, así como retener la propiedad y el control público de las fuentes de agua. El dictamen señala que la privatización del agua, supone un riesgo para la seguridad nacional del recurso hídrico.

Palacios Kuri afirmó que, con la decisión, de ninguna manera se trata de rechazar el hecho de que el agua es un derecho humano que está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “simplemente, las condiciones en las que se está planteando (la iniciativa) no son viables ni técnica, ni financieramente”.

La autora de la iniciativa dijo que rechazar la propuesta representa “una clara traición a las necesidades de la población que todos los días padece de alguna u otra manera, al no acceder al derecho humano al agua potable, suficiente, salubre, suficiente, y de precio módico y está establecido en la Constitución federal y diversos tratados en la materia”.

• Es necesario evaluar a la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro

Tras el rechazo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la reforma para incluir en la Constitución del estado el derecho humano al agua, iniciativa que también buscaba evitar la privatización del recurso, el diputado Hugo Cabrera consideró que es necesario analizar cómo opera la Comisión Estatal del Agua en Querétaro y ver dónde tienen que entrar supletoriamente empresas, que son las que dan el servicio a la gente.

El legislador reconoció que este tema es motivo de una nueva iniciativa, ante las quejas que se tienen. Puso como ejemplo la Junta de Agua Potable en San Juan del Río, donde la población se queja de altas tarifas y malos servicios.

Cabrera argumentó que la propuesta se rechazó porque, por un lado, es reiterativa de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro lado, dijo, la propuesta de Morena es “una utopía porque el agua no puede ser (…), incluso hay estudios de la propia ONU, que los Gobiernos tienen que cobrar, tienen que hacer una serie de trabajos, el agua no está ni siquiera de manera natural para el consumo humano”.

La diputada federal Beatriz Silvia Robles Gutiérrez consideró que esta iniciativa no fue aprobada porque hay muchos intereses en el agua. Señaló que Querétaro tiene tarifas muy altas para obtener el líquido, cuando se supone que no debería tener costo. El costo, mencionó, debe ser en las instalaciones sanitarias y en las tuberías, “pero este recurso se ha usado como pretexto para hacerse ricos”.

La propuesta de la diputada Laura Patricia Polo Herrera buscaba elevar a constitucional el derecho humano al agua, adoptando correctas medidas legislativas para lograr progresivamente la plena realización de este; manejar el agua como bien social, cultural, y no como un bien económico; además, fijar principios económicos adecuados en el manejo del agua, incluyendo precios justos y razonables para todos los usuarios, así como retener la propiedad y el control público de las fuentes de agua.

El dictamen señala que la privatización del agua supone un riesgo para la seguridad nacional del recurso hídrico.

La doctora Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirmó durante un foro organizado por el Senado de la República en marzo, que México vive “una grave crisis hídrica”, que implica el agotamiento de cuencas, “sobreconcesionamiento”, contaminación y apropiación de este bien púbico por parte de un pequeño grupo de empresarios.

Advirtió que “70 por ciento del agua del país está en manos de siete concesionarios”. En este contexto que se desarrollará un amplio debate sobre este líquido: “Esperamos que el Congreso esté del lado de la ciudadanía”, expresó.