Detectan anomalías en jubilaciones

Son casos que se aprobaron en la anterior administración pero no cumplen con la normativa de edad o tiempo laborado; esperan que la Legislatura los rechace

Gonzalo Flores

La Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro detectó 80 irregularidades en pensiones y jubilaciones de trabajadores del municipio, aprobadas durante la Administración 2015-2018, informó el titular de la dependencia, Francisco Martínez Domínguez.

Son solicitudes que se encuentran en análisis dentro de la Legislatura local, por lo que se detectó en la Administración capitalina actual que no cumplían con la edad estipulada (60 años) o los 28 años de servicio.

Señaló que el presupuesto para el pago de pensiones y jubilaciones incrementó 30 por ciento, al pasar de 100 millones de pesos que se aplicaron durante 2018, mientras que para 2019 se tienen previstos 130 millones de pesos para este concepto, situación que afirmó, “genera una presión a las finanzas del Municipio”.

El funcionario municipal explicó que estas solicitudes de pensión o jubilación fueron aprobadas por el Cabildo de la administración pasada pero no cumplían con la normativa,” por lo que la Legislatura se apegará a la ley y por ende rechazará esas solicitudes”.

Estos 80 casos, aseguró, corresponden a cargos con sueldos que van de 10 mil a 30 mil pesos, y además las anomalías se han detectado es que no se cumple con la edad o con los 28 años de servicio mínimos estipulados por ley.

Destacó que es una situación que preocupa a la administración municipal, pues fue una observación realizada por la calificadora Standard & Poor’s, por el incremento al gasto que generó en el período 2018-2019.

El incremento por estos casos de un año a otro es de 30 millones de pesos, estos casos lo que generan es una presión en estos rubros y es lo que queremos cuidar, pues en 2018 se tuvo un recurso de 100 millones de pesos para jubilaciones y pensiones, y se aumentaron 30 millones para este año”, añadió.

Resaltó que las calificadoras consideran que por este tipo de prácticas se dañan las finanzas públicas de los municipios, por lo que en la capital estarán atentos a la resolución de estos 80 casos en la Legislatura local.