Hasta hoy, la figura de Extinción de Dominio es un auténtico fracaso: Tania Palacios

La legisladora informó que de 2015 a 2016, solo se ganó un juicio por la cantidad de 90 mil pesos.

Roxana Romero

La diputada local, Tania Palacios Kuri, opinó que actualmente la figura de Extinción de Dominio es “completamente inaplicable y un auténtico fracaso”, por lo que consideró que la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesaria para que se amplíe esta figura y se pueda utilizar en casos de corrupción.

El jueves, el Congreso del estado aprobó la minuta ‘Proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio’, con esto, Querétaro se convierte en uno de los primeros estados en aprobar el dictamen que viene directamente del Senado de la República.

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“Sabemos que para Querétaro no es nada nuevo el pronunciarnos a favor de la ética pública, el combate frontal a la corrupción, porque siempre da un paso adelante. Esto lo hemos visto con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, con eliminar el fuero, con una Fiscalía General autónoma en lo que también hemos sido pioneros”, manifestó.

Explicó que, si bien, desde 2008 se creó la figura de Extinción de Dominio, la califica como un fracaso porque esta se vincula con la acreditación de elementos del derecho penal y esto tiene repercusiones prácticas y técnicas, además de problemas operativos tanto en las procuradurías como en las fiscalías.

Mencionó que de 2015 a 2016, solo se ganó un juicio por la cantidad de 90 mil pesos, cuando el fenómeno de lavado de dinero tiene una estimación de 50 mil millones de dólares.

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“Los queretanos estamos a favor de disminuir los recursos de la delincuencia, de disminuir la capacidad operativa de los agentes criminales, de atender el interés en beneficio de la sociedad utilizando dichos bienes o producto de los mismos, de obtener recursos destinados a la reparación del daño de las víctimas u ofendidos de dichas actividades ilícitas”, externó.

Asimismo, opinó que los bienes que provienen de actividades ilícitas no pueden gozar de protección constitucional, ni legal, ni por el paso del tiempo. Dijo que los bienes que fueron instrumento, producto u objeto ilícito no deben ser propiedad de quien transgredió la ley, porque son propiedad de México.

El dictamen que deberá ser aprobado por más del 50 por ciento de los Congresos estatales, busca modificar la Constitución para que se aplique en bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar considerando casos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, robo de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

También busca que no se considere confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas de impuestos ni cuando lo determine una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.