Claudio Sarmiento
Tuve la oportunidad de asistir a una sesión del Consejo Ciudadano de Transparencia y Gobierno Abierto. Aprendí que conocemos bien los instrumentos anti-corrupción, solo falta aplicarlos en todos los ámbitos de la administración pública. Uno de ellos es en el desarrollo urbano: la ordenación territorial, la provisión de infraestructura, la preservación ecológica. ¿Cómo podemos aplicar la anti-corrupción en lo urbano?
Hay muchas definiciones del concepto pero para mí, la “corrupción” es una ineficiencia en el reparto de las responsabilidades y obligaciones que implican el desarrollo humano. Entendido así, los beneficios privados per se no son el problema, sino los costos públicos que provocan. Al no dimensionar el impacto colectivo de un mal proceso, de un soborno o de privilegiar a los ya privilegiados, se normalizan prácticas que son ineficientes y difíciles de corregir.
Uno pensaría que la corrupción se evita con la máxima atención al detalle, con mano dura, con personas intachables. Sin embargo, la Secretaría de la Contraloría tiene otras herramientas que faltan en lo urbano: formatos de buena práctica, auditorías externas, sistemas de rendición de cuentas, certificaciones, portal de denuncias, declaraciones patrimoniales de libre consulta, sistematización de diálogos ciudadanos. En otras palabras, todo desarrollo urbano necesita de procesos que den orden, ofrezcan transparencia y aseguren el beneficio colectivo, especialmente a largo plazo, tanto en lo social como lo ambiental.
MT
