Estrella Rojas

En mayo pasado, dos de mis columnas en este espacio las dediqué para reflexionar sobre la importancia de la división de poderes y el riesgo de que el Presidente de la República ataque al Poder Judicial cuando sus resoluciones no le gustan.

El presidente López Obrador desde el poder del Estado, genera un discurso de odio en contra del Poder Judicial, incluidos los ministros que no cumplen sus deseos y actúan con independencia, lo cual pone en peligro la integridad de los juzgadores y a la democracia misma en nuestro país.

Uno de los blancos favoritos del Presidente, es la Ministra Presidenta, Norma Piña, quien ha cumplido con dignidad y autonomía su papel como titular de un Poder de la Unión. Pero además, la Ministra Piña ha defendido a los jueces que apoyados en la ley, han emitido sentencias opuestas a los intereses del Palacio Nacional, a quienes ha alentado para que el regir de su actuación sea con la razón, la justicia, el derecho y la autonomía como base de sus resoluciones, y no cedan ante las amenazas presidenciales.

Las razones son múltiples, como la nulidad decretada a su antidemocrática reforma electoral, conocida como Plan B, su reforma inconstitucional en materia energética, entre otros.

El caso más reciente, es sobre la suspensión provisional que el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, otorgó a Xóchitl Gálvez, mediante la cual se ordena al Presidente López detener su indebida intervención en temas electorales y la violencia de género que ejerce en su contra. En reacción, el Presidente ha amenazado al juez Santos, afirmando que presentaría una queja, acusándolo, sin pruebas, de ser corrupto, por no atender los intereses de su gobierno y de su partido, Morena.

Sin embargo, la parte central que nos debe preocupar, es que el Poder Judicial es el encargado de aplicar la ley, en la Suprema Corte recae el importante papel de defender y hacer valer nuestra Constitución.

Querer controlar o violentar a los jueces constitucionales, en el afán de acaparar el poder, sin tener contrapesos, no solo violenta la división de poderes, y a la propia Constitución, sino que abre una puerta para pasar de la democracia al autoritarismo, donde ya no vale eso de que “la ley es la ley” y sólo importa la voluntad de uno o unos pocos.

En los regímenes autoritarios no hay protección de los derechos humanos, no hay instituciones, no hay justicia, no se tolera la pluralidad, sólo importa la voluntad de quien detenta el poder, y estoy segura que ni yo ni la gran mayoría de los mexicanos queremos regresar a esos tiempos.

Por eso, hoy más que nunca necesitamos un Poder Judicial fuerte, autónomo y a la altura de esta coyuntura, porque sin eso, no hay democracia.