Después del nombramiento de Norma Piña, como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se ha empecinado en denostar, criticar e injuriar negativamente el actuar del Poder Judicial del país.
A través de sus “conferencias mañaneras”, hemos visto como el Ejecutivo Federal asevera supuestos actos de corrupción de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin acudir a las instancias correspondientes para denunciar y manchando la envergadura de uno de los Poderes del país, cuando éste no dictamina a favor de sus caprichos.
En el artículo 49 de nuestra Carta Magna establece que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y éstos deberán contar con independencia, autonomía para actuar.
Por lo anterior, somos testigos de cómo el Ejecutivo Federal ha lacerado de manera importante ésta división de poderes al mismo tiempo que ha lastimado nuestras instituciones, involucrándose en la toma de decisiones, violentando procesos legislativos e incluso dejando inoperante a organismos como el INAI y lastimando al Instituto Nacional Electoral con recortes presupuestales que dañan su operatividad.
Como Senadora de la República tengo claro que todos los Poderes del Estado deben ser vigilados y en su caso denunciados y sancionados si existen hechos de corrupción, estos supuestos caen en politización, ya que no se procede a denunciar de manera formal, se quedan en dichos sin fundamentos que polarizan aún más el entorno político del país.
Hemos visto como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado de manera institucional, haciendo valer las leyes y fallando a favor o en contra de los diversos asuntos que ha tenido que abordar.
En el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado lo anticipamos y materializamos acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte y hoy queda en evidencia el desaseo legislativo con el cual los senadores de Morena y sus aliados acatando órdenes presidenciales violentaron el proceso legislativo aquel viernes negro donde en fast track aprobaron los caprichos de Andrés Manuel López Obrador.
Es inadmisible que este Gobierno vea como oposición al Poder Judicial simple y sencillamente porque no responde a sus intereses y amague con llevarlos a un juicio político para amedrentarlos, esto deja en evidencia que la legalidad no es la línea toral de este Gobierno.
Debe darse cuenta que los ministros y jueces no son enemigos de su gobierno, solo defienden la Constitución y las leyes que de ella se derivan, pues para los mexicanos es nuestro principal interés, que las leyes se cumplan.
