Alejandro Gutiérrez Balboa
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha estado presumiendo su combate a las pandillas de su país, la apertura de centros penitenciarios aptos para este tipo de internos, el considerable descenso de los homicidios y un nuevo clima propicio para la inversión y el crecimiento económico. Mucho de esto es cierto y lo ha publicitado ampliamente, pero no el fondo de todo.
Después de una terrible guerra civil de 1981 a 1992 que dejó más de 75 mil muertos y desaparecidos, El Salvador quedó sumido en la miseria y la destrucción. Esto fue aprovechado por una banda criminal surgida en California de exiliados salvadoreños que retornaron a su país y crecieron para controlar grandes porciones del territorio, la Mara Salvatrucha. Eran los principales traficantes de drogas, pistoleros, extorsionadores, secuestradores y toda la amplia gama de delitos que caracterizan al crimen organizado. Sobornaron políticos, policías, jueces y militares para operar impunemente.
No fueron los únicos. Se denominan maras a todas las pandillas salvadoreñas, las cuales se han ramificado y dividido, predominando la MS13, el Barrio 18, que se divide en Revolucionarios y en Sureños. Todos dominaron el mundo del crimen dentro y fuera de El Salvador.
Con la llegada de Bukele, se dispararon los arrestos, más de 64 mil pandilleros. Y bajaron espectacularmente los homicidios: 56.8% en 2022 para alcanzar una tasa aún menor a la de los Estados Unidos. Se ha anunciado y publicitado ampliamente la edificación de una “megacárcel”, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo. Desde luego, buena parte de la población está feliz de verse libre de extorsiones, pandillas, agresiones de todo tipo y poder trabajar libremente.
Pero Bukele esconde su autoritarismo. Ya controla el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía, ésta última había investigado las corruptelas del equipo del presidente salvadoreño y fue desmantelada.
Lo que no dice el demagogo Bukele es que ha negociado y acordado con los dirigentes de las maras. No hay tal combate al crimen organizado. Éste ahora depende del gobierno y hoy está manejado por él. Como en muchas partes del mundo, nuestro país es un claro ejemplo, negociar, asociarse o pactar con los criminales siempre resulta en detrimento de la sociedad y se hace imposible el supuesto control. Son los criminales los que terminan controlando a los gobiernos.