Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos
@siarellano5
En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reviste la atribución de las autoridades para promover, garantizar, proteger y respetar los derechos humanos reconocidos en tal documento, lo cual implica tomar cartas en el asunto. En esta ocasión, estimada o estimado lector, quiero retomar la situación actual de Querétaro en donde la inseguridad ha incrementado, la movilidad se ha entorpecido, el actuar de las autoridades es inoportuna y ciertas acciones como el reemplacamiento, no suman en lo absoluto.
Bajo ese contexto y conjugando las primeras líneas de este artículo, el gobierno del estado en el ámbito de sus competencias, tiene que escuchar a la ciudadanía y asesorarse para la toma de decisiones. En estos tiempos tan complicados, no se puede menospreciar el valor de los derechos fundamentales en el actuar público, particularmente en las políticas públicas que se piensan con un enfoque de costo beneficio, grado de eficiencia, sector poblacional, impacto económico, entre otras cuestiones.
Dentro de esta métrica, se tiene que regular la inmersión de las directrices de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en las que se abordan una serie de recomendaciones para no afectar a los grupos vulnerables acorde a sus vivencias específicas sin mencionar las acciones de prevención.
Para ejemplificar lo expuesto, en días recientes, se evidenció que una de las Secretarías del gabinete del Gobernador, Mauricio Kuri, presuntamente incurrió en actos de discriminación por lo que se generarán los protocolos necesarios en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, cuando esto se pudo haber evitado con una buena planeación con perspectiva de derechos humanos. Esto es una muestra del área de oportunidad existente que lejos de sonar optativo, es imperativa su atención.
