Mario Maraboto

A fines de 2019 el sistema de internet de los bancos en México empezó a fallar inhabilitando el uso de cajeros automáticos y el pago con tarjetas en todo tipo de establecimientos. La información y el descontento corrió muy rápido a través de las redes sociales.

De inmediato, la empresa que suministra tecnología para transacciones y medios de pago a distintos bancos, confirmó afectaciones en su Data Center y que ya trabajaba en la resolución del problema. En cuestión de horas, las instituciones bancarias reportaron que las transacciones en terminales punto de venta se restablecieron.

Que de repente falle la tecnología es algo que sucede en todo el mundo y en diferentes instituciones. Lo importante es la rapidez en la respuesta, tanto tecnológica para solucionar el problema (lo que generalmente es rápido gracias a la propia tecnología y a los sistemas espejo), como en comunicación a los públicos relacionados. Un principio básico de la comunicación en situaciones de crisis es justamente la velocidad de respuesta: mientras más tarde en fluir la información oficial, el vacío de comunicación lo ocupan las especulaciones y los rumores, lo cual va en detrimento de la imagen de la institución que tienen el problema.

A las 4 de la tarde del pasado viernes 15 de julio, el sistema Compranet, por el que cualquier ciudadano puede seguir los procesos gubernamentales de compra en tiempo real, quedó fuera de servicio. El vacío de comunicación de tres días por parte de la Secretaria de Hacienda, empezó a llenarse con especulaciones en medios de comunicación a partir del martes 19: “surge la idea de que los registros  (de las licitaciones de las últimas horas) se dieron de baja temporalmente para blindar modificaciones a contratos del Tren Maya” (El Financiero).

La reacción gubernamental se dio el día 20, luego de que empezaron las especulaciones; en el Diario Oficial la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que “derivado del monitoreo de la plataforma que soporta CompraNet, se detectaron fallas técnicas en la infraestructura que lo hospeda, lo cual ha limitado su operación”.  Asimismo declaró la suspensión temporal del sistema Compranet.

La respuesta, además de tardía y sin noticia, incrementó los rumores y las especulaciones entre diversos sectores de la sociedad, expresadas en frases como: “la suspensión del sistema abre la puerta a la opacidad y a la corrupción”; “hasta ahora no han dado respuesta congruente, sensata, atinada por parte de las autoridades para determinar las causas de la caída”, o “puede incurrir en la ilegalidad y la violación de la ley de adquisiciones y la ley de obras y servicios”.

En los medios de comunicación se empezó a cuestionar tanto la falla como la respuesta “abona a la falta de transparencia que la ha caracterizado (a la 4T) en su manejo de los recursos públicos”; “Los ciudadanos irán descubriendo los efectos en sobreprecios, en escándalos de corrupción en unos meses”, o “En breve verán que hay artículos más caros porque se compraron a sobreprecio”. Una semana después, el 26 de julio, el presidente López expresó “casualmente”: “Ah, sí. Ayer ya hablé al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación…” y, tras agregar que urgió una resolución (que no se ha dado), dijo: “ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son… pero desde luego que no se oculta absolutamente nada”.

Responder lo más pronto posible a una situación crítica evita justamente lo que ahora el presidente atribuye (como siempre) a los adversarios. En un régimen que se ha caracterizado por los otros datos y por ocultar información por “seguridad nacional”, no sería raro que lo ocurrido no fue “falla técnica” sino acción deliberada; no es un problema de mala gestión de la comunicación, sino que responde al deseo (o necesidad) de ocultar información sobre la administración de los presupuestos.

Por lo pronto, hasta el fin de semana pasada, ya se habían realizado 214 procedimientos de licitación pública del gobierno federal por más de 14 mil millones de pesos en plena opacidad.