Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos

@siarellano5

¿Quién tuvo la oportunidad de sintonizar los martes del jaguar? Les explico. La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tiene un espacio de opinión, promovido por el gobierno estatal en donde aborda diversos temas.

El que más ha causado polémica es el que refiere a Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), Presidente del C.E.N. del P.R.I., en virtud de que han publicitado una serie de audios en donde el dirigente, presuntamente, se expresa en una forma mezquina y despótica; sin mencionar los comentarios relacionados con el desvío de recursos públicos. Ahora bien, el citado político priista, interpuso una demanda de amparo para efectos de que las autoridades responsables, detuvieran el daño a su imagen pública. En consecuencia, un juez de distrito en el Estado de Nuevo León, le concedió la suspensión.

Para nuestra sorpresa, los ataques y las transmisiones de los martes del jaguar, han continuado en horario estelar, pasando por alto lo concedido por el Poder Judicial de la Federación. Dicho lo anterior, estimada o estimado lector, considero que más allá de la veracidad del contenido filtrado y la labor informativa, observo que existen violaciones flagrantes a los derechos humanos del Sr. Moreno Cárdenas.

Primeramente, existe una afectación de lo que conocemos como daño moral cuyo impacto recae en el honor, la imagen y la reputación. Por otro lado, la titular del poder ejecutivo en Campeche, no tiene funciones de Tribunal para efectos de determinar si una persona es responsable o no por la comisión de un hecho delictivo.

En último lugar y no menos importante, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia y debido proceso, siendo las instancias de investigación, procuración e impartición de justicia, quienes deban de esclarecer lo sucedido.

Me parece que los mexicanos estamos decepcionados de la forma de gobernar este país y la clase política es el detonante. Este tipo de actuaciones descalificativas, provocadoras y con ausencia de legalidad, multiplican los deseos de no participar en las actividades gubernamentales. Nuestras instituciones tienen una finalidad y sostenemos su actuar en el marco constitucional. Hagámoslo valer.