Mario Maraboto
Hace tiempo no escucho el término “cuarto poder” pero sí es frecuente oír la frase “amenaza a la libertad de expresión”, a partir de los continuos comentarios que, en contra de los medios de comunicación serios, surgen todas las mañanas de voz del Presidente de la República.
Seguramente algunos se preguntarán ¿de dónde surge el calificar a los medios de comunicación como el cuarto poder?
El concepto se atribuye al político británico Thomas Macaulay (1800-1859), quien en 1823 escribió que “La tribuna (en el Parlamento) ocupada por la prensa se ha convertido en el cuarto poder del reino”. La frase obedeció a que los periodistas que cubrían las sesiones del parlamento británico incidían en la vida de los parlamentarios; dados los efectos de sus crónicas, los legisladores decidieron poner de su parte a los periodistas otorgándoles algunos privilegios que derivaron en un cierto nivel de poder. De ahí que después de los tres clásicos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), el periodismo se erigía como el cuarto poder.
Los medios de comunicación en México han ejercido en mayor o menor medida ese poder aun cuando ha habido etapas en las que han sido presionados y cooptados para reducir su dominio e influencia. En el México de las décadas de los 60 y 70, la libertad de expresión –y con ello el cuarto poder- estaba fuertemente supeditada a dos factores emanados del Ejecutivo: el suministro de papel y la publicidad oficial.
El suministro de papel obedecía a la creación en 1935 de la Productora e Importadora de Papel SA, (PIPSA) con la que el Estado se constituyó en un monopolio para la compra de papel al exterior y para su producción y distribución específicamente a los periódicos y revistas; la publicidad oficial, por su lado, se encausaba a través de las oficinas de prensa gubernamentales. Ambos eran una forma de presión para “controlar” la información gubernamental.
En 1976 el entonces presidente Luis Echeverría, quien tenía una endeble tolerancia a los medios críticos de su gobierno (¿les suena familiar?), orquestó un golpe de estado para destituir al periodista Julio Scherer de la Dirección de uno de los diarios más reputados en México, y meses después le negó la venta de papel para evitar la publicación del primer número de la revista fundada por el mismo periodista.
José López Portillo eliminó las inserciones pagadas del gobierno en las revistas que censuraban sus políticas (“No pago para que me peguen”, exclamó públicamente), y el presidente Miguel de la Madrid, a quien inquietaban las notas sobre la inseguridad porque, según sus estadísticas la delincuencia había disminuido 8¿les suena familiar?), retiró publicidad a muchos medios y se dice que tenía un pacto informal según el cual se respetaba la libertad de expresión en tanto no se criticara al ejército ni se atacara directamente al presidente.
Es curioso ver cómo el actual presidente está tomando actitudes similares a los presidentes de los años 70 y 80, reafirmando la sensación de que México va en reversa: presiona para cerrar revistas críticas a su régimen, condena a periodistas críticos, controla la publicidad hacia medios afines, aporta sus propios datos infundados sobre temas como la inseguridad o la economía, y se evidencia que tiene un pacto con algunos medios de comunicación que se prestan a ser comparsa de sus “conferencias” matutinas.
No obstante, a pesar de la continua amenaza a la libertad de expresión y los asedios del Poder Ejecutivo en contra de periódicos o periodistas que no le son afines, los medios de comunicación en la actualidad han demostrado tener el suficiente poder para exhibir, por ejemplo, la corrupción del actual régimen o la falsedad de los “otros datos”.
El cuarto poder es real y está vigente. Si queremos que permanezca autónomo y se pueda ejercer libremente y con resultados sociales, debemos asumirlo responsablemente.
