Hay que ser necio para no querer ver y reconocer que el transporte público es una piedra en el zapato de la Administración de Querétaro. No es problema nuevo.

Dos sexenios buscaron soluciones; dieron golpes de timón y algún jaloncillo de orejas a los concesionarios que –no pocas veces– pusieron en jaque al Estado y a la sociedad.

La problemática es insostenible. No hay una pizca de duda de dicha afirmación.

La gente en las calles debe esperar 30, 40 y hasta 90 minutos para abordar una ruta de Qrobús. Uno de los cuestionamientos era lo siguiente: ¿Por qué no hay frecuencias suficientes a sabiendas del aumento en la movilidad? ¿Por qué los patios de confinamiento tienen unidades estacionadas cuando la demanda en calle exige más? Una parte de la respuesta ya se reveló: los camiones están descompuestos, pero lo grave no es eso, sino que al ser –muchas de ellas– de origen chino, no hay refacciones para arreglarlas.

En 2019, se cuestionó al Gobierno sobre que prefiera buscar en el extranjero lo que podía comprar en México: camiones de calidad.

La crisis de COVID-19 llegó (sin que nadie la imaginara) junto con la guerra entre Rusia y Ucrania; agravó la crisis de contenedores, con altos costos y gran tráfico en las aduanas.

Más allá de las justificaciones, la problemática se debe resolver ¡ya!

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