Jorge Roberto Javier Tortajada y Claudio Sarmiento Casas
Esta semana, el Senado de México finalmente aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Dentro de este marco legal quedan pendientes algunos temas clave para la seguridad de todos los usuarios de la vía. Dentro de ellos, está el garantizar que los vehículos motorizados ligeros brinden una seguridad integral tanto para su conductor y sus ocupantes, como para los usuarios que están fuera de ellos.
Si bien los programas de alcoholimetría, límites de velocidad y las campañas de educación vial contribuyen con la disminución de accidentes, la distracción y falta de pericia de los conductores hacen necesarios los sistemas pasivos de seguridad vehicular. La oferta actual de automóviles y motocicletas en México no cumple con los estándares mínimos de seguridad recomendado por la ONU, los cuales incluyen frenos ABS, control de estabilidad ESC, asistentes de velocidad, anclajes para sillas infantiles SRI y protección a peatones, además de los otros dispositivos comunes como luces, bolsas de aire, cinturones de seguridad y dispositivos manos libres. La industria automotriz mexicana ya fabrica y exporta vehículos con estas características, pero no está obligado a venderlos.
La mejora de la infraestructura vial sigue pendiente, pero viene de la mano la responsabilidad jurídica que conlleva la movilidad automotora. No solo se trata de estar atento a los reglamentos de tránsito y respetar sus lineamientos, sino de tener acceso a opciones de movilidad mejores y más seguras para todos.
MT
