Al ser un organismo público autónomo en nuestra entidad, las legisladoras y los legisladores deberán de tomar en cuenta los perfiles de quienes aspiran
Sergio Arellano
El Congreso del Estado de Querétaro tendrá una enorme responsabilidad al renovar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos. Al ser un organismo público autónomo en nuestra entidad, las legisladoras y los legisladores deberán de tomar en cuenta los perfiles de quienes aspiran.
Se trata de un puesto que demanda un conocimiento conceptual, pero también consciente de las vivencias de los grupos de atención prioritaria. En ese contexto, el ‘ombudsperson’ local, que cumple con su función, debe 1) coadyuvar con las instancias de administración y procuración de justicia, 2) informar a las poblaciones acerca de sus derechos y obligaciones, 3) señalar las irregularidades y recomendar para mejorar la actuación de las personas servidoras públicas adscritas al Gobierno estatal y municipal, 4) prevenir la transgresión de la dignidad con una agenda constante de capacitaciones, 5) abogar por una reparación del daño para las víctimas de violaciones a derechos humanos que sea justa, suficiente, restaurativa (en la medida de lo posible) y bajo el principio de no repetición, 6) construir relaciones con los centros laborales, prestadores de servicios, etcétera, para la gestación de lineamientos incluyentes, 7) actualizar su padrón colaborativo con asociaciones civiles y activistas para efectos de impulsar sus agendas y, por último, 8) opinar y, en su oportunidad, proponer la formulación de política pública y proyectos legislativos con un enfoque de dignidad.
Asimismo, no podemos excluir la relevancia que adquieren los derechos humanos en los asuntos entre particulares. En un supuesto imaginario en donde dos ciudadanos se ven envueltos en una controversia que afecta derechos fundamentales, posiblemente uno de ellos acudirá a la DDHQ, en donde obtendrán un consejo, orientación y una posterior canalización; sin embargo, la responsabilidad del organismo no termina en este punto. Deben de ser garantes de que los derechos humanos de esta persona en situación de vulnerabilidad, se reconozcan y apliquen conforme a la norma. No es ético excusarse por una cuestión de competencia.
Finalmente, estimada o estimado lector, ¿cuál es la mejor recomendación? Ser un verdadero defensor del pueblo.
