Mario Maraboto
Al cierre de este año, la nueva cortina de humo del presidente de México es la revocación de mandato que, desde que era candidato, AMLO ha impulsado y promovido obsesivamente.
A lo largo de tres años y en diferentes momentos se ha referido a esta consulta. Que se hable y se discuta de ello mientras el país sigue en picada en temas fundamentales como la salud y la economía, y ante la amenaza de una nueva variante de la COVID. Que se hable, aunque se viole la Constitución.
Vale la pena recordar lo que establece el artículo 35 de la carta magna sobre la revocación de mandato del presidente de la República: “Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas…”. ¿Quién realmente está solicitando esta consulta? En principio no son los ciudadanos y ciudadanas, sino el propio presidente en afán de mostrar cuánto lo quiere el “pueblo bueno”. Para ello no necesita de una consulta que demanda varios millones de pesos; las frecuentes encuestas muestran su alto nivel de popularidad (aunque no de efectividad en el trabajo).
Al mencionar a los solicitantes de la consulta, el citado artículo dice: “…en un número equivalente, al menos, al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores…”. En octubre pasado, el actual presidente dijo durante su ‘show’ mañanero: “3 por ciento del padrón, estamos hablando de que hay que reunir, si el padrón es de 85 millones de mexicanos, sería como 2 millones y medio de firmas ¿Por qué tanto? Con un millón, que la pongan más sencilla”. ¿Lo establecido en la Constitución puede violarse al gusto del presidente?
Más adelante, el referido artículo señala: “El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación”. El 21 de diciembre pasado AMLO afirmó: “El pueblo podría llevar a cabo la consulta y se organiza sin problema, porque en cada estado y cada municipio se forma un comité ciudadano de personas de inobjetable honestidad en 2 mil 500 comités y esos comités convocan y todos participan y consiguen las mesas y las cajas y las papeletas y a votar y a contar los votos”. En su mente está la realización de otra consulta a mano alzada y a modo, fuera de lo que dice la ley suprema de este país.
Sigo con el artículo 35: “El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona… podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas”. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó al partido del presidente la solicitud para poder opinar sobre la continuidad de su mandato; no obstante, al día siguiente, AMLO dijo en su ‘show’ diario: “Hay que participar en la revocación de mandato, todo el pueblo” y reiteró que son los “conservadores” los que no quieren que la gente participe. ¿No se trata de una promoción subjetiva realizada por una persona en forma de propaganda a través de los medios de comunicación oficiales?
Finalmente, la ley fundamental establece que “El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”.
Todos sabemos que el Congreso le negó al INE el presupuesto solicitado para realizar la consulta como es debido ante lo que dicho organismo propuso posponer el proceso, a lo que dos ministras de la Suprema Corte de Justicia, asumiendo funciones que no les corresponden, concedieron una suspensión contra la decisión del INE. Paralelamente, el presidente de la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de seis consejeros del INE acusándolos de abuso de autoridad e incumplimiento de los principios de legalidad, honradez y eficiencia.
Una última: el artículo 108 de la Constitución establece: “Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”. (Párrafo reformado DOF 19-02-2021).
Delitos electorales por parte del presidente son evidentes y soslayar la corrupción en su Gobierno es una falta de ética que es también una forma de corrupción; me pregunto: ¿que un presidente viole continuamente la Constitución no puede ser considerado una traición a la patria?
Me parece que aquello de lo que se acusa a los consejeros del INE es de lo mismo que se podría responsabilizar al actual presidente de la República.
