Daniel Lizárraga
Ninguna política social podrá solucionar los problemas generados por la migración hacia Estados Unidos de inmediato. No importa el país. Tampoco tiene que ver la ideología de las élites gobernantes. Cualquier programa, en todo caso, pudiera rendir frutos en el mediano o largo plazo. Mientras tanto, seguiremos viendo oleadas de personas buscando llegar a la frontera norte. Ellos y ellas no esperarán en sus casas, pacientemente, que un gobierno, cualquiera que sea, les de una razón para huir.
La gente se va de sus países ante la pobreza y la violencia, claro está. Pero también lo hacen para unirse a sus padres, a sus hijos. Se trata de familias rotas, divididas entre quienes logaron entrar ilegalmente al territorio estadounidense y los que se quedan atrás. Esto, por ejemplo, no es factible de solucionarlo con uno o varios programas sociales. “Sí vale la pena, quiero conocer a mi papá. Él se fue cuando nací hace 22 años”, dijo una mujer, sin relevar su nombre, ante un micrófono de W Radio en el noticiero que conduce Carlos Loret de Mola el pasado lunes 13 de diciembre.
Esta mujer no venía en la caja del tráiler volcado en. Chiapas. Ella caminaba en la caravana que fue sufrió golpes por la policía en los límites de Los Reyes La Paz (Estado de México) y la avenida Ignacio Zaragoza (en la ciudad de México) apenas del pasado lunes por la mañana. Un par de hombres entrevistados también afirmaron que sí valía la pena arriesgarse. Esto sucedió cuando aún no termina de digerirse ni de esclarecerse el trágico accidente donde murieron más de 50 personas y alrededor de un centenar de lesionados. En los hospitales hay cuerpos sin identificar, pero eso no intimidó a quienes venían esa oleada que pretendía llegar a la capital del país.
Los gobiernos de México y Centroamérica, principalmente, deberán encontrar una pronta solución. Los programas sociales, cualquiera que sea, rendirán cuentas con el tiempo, y eso es justamente lo que no hay.
La situación se torna más compleja ante el poder económico, corruptor y de intimidación de la delincuencia organizada. Los informes de inteligencia en México han revelado que detrás de las caravanas de migrantes están los carteles de las drogas como el Cartel de Jalisco Nueva Generación -el más violento hoy por hoy-. Los migrantes accidentados en Chiapas pagaron entre 456 mil y 619 mil pesos por cada persona subida al tráiler de la muerte.
México no ha podido con el poderío del narcotráfico. El “culiacanazo” ha sido un ejemplo nítido de cómo el Cartel de Sinaloa puso de rodillas al gobierno de López Obrador cuando habían detenido a uno de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera ante la amenaza de armar una carnicería contra civiles. El problema es enorme. Una emergencia humanitaria. Una espiral de la muerte impregnada también de corrupción en diversos niveles de gobierno.
