Sergio Arellano
Voy a comentar una realidad con ustedes. Una persona que es víctima del delito o que pretende demandar alguna circunstancia ilegítima, en algunas ocasiones, no sabe a dónde acudir. ¿Quién será competente?
La actualidad jurídica en México nos indica que hay innumerables dependencias con un marco normativo robusto. Incluso para quienes ejercen la carrera de derecho, esto representa un reto. Entretanto, la colectividad se confunde, desanima y opta por desistirse. ¿Cuál es mi punto? Ofrecer una solución que se discute en el gremio.
Para evitar que la ciudadanía disperse sus esfuerzos en diferentes instituciones, largas filas, oficios y burocracia mezquina, existe la opción de digitalizar los procesos. Vamos al tema en concreto. Imagine, estimada o estimado lector, un caso de detención por la presunción de la comisión de un delito cometido por un padre de una familia migrante con un menor enfermo, con rasgos indígenas y sin documentación visible. El asesor legal de esta persona tiene que promover una serie de acciones legales ante diferentes instancias, tales como el sector salud, Instituto Nacional de Migración, DIF, Fiscalía General de Justicia, intérpretes, entre otros. Si tomamos el ejemplo de este caso ficticio, los plazos corren y de manera muy rápida; siendo determinantes sus repercusiones. En ese contexto, la figura del abogado digital cobra especial relevancia.
Una de las funcionalidades que goza este tema es que dentro de una plataforma y en un solo acto se les da vista a todas las autoridades implicadas. De esta manera podemos apreciar los beneficios de un sistema de procuración de justicia que puede ser eficiente, transversal y facilitando las vías de acción para una correcta defensa legal. Por supuesto que esto se traduce en que el Estado Mexicano tendrá la encomienda de hacer accesible estos métodos para las personas que no tienen la posibilidad de contar con dispositivos electrónicos. Abatiendo estas desigualdades y coordinando un esfuerzo interinstitucional, estoy seguro de que podremos garantizar el derecho humano al acceso a la justicia.
