Sergio Arellano
Les quiero comentar sobre un reto que le corresponde al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, bajo la observancia de la propia ciudadanía. Consiste en mejorar las leyes que tenemos y dejar de expedirlas como si estuvieran al 2×1.
¿Por qué mi comentario? Porque, en la práctica, las personas que buscan defender sus derechos fundamentales se encuentran en un mar de legislación sumamente técnica, extensa y que puede resultar hasta contradictoria. Ahora, con el marco normativo vigente, tenemos que buscar las áreas de oportunidad que ayuden a regular la vida en sociedad en una forma respetuosa, incluyente y vanguardista. En concreto, quiero relatarles un ejemplo que llamó mi atención por la naturaleza del caso.
En San Luis Potosí, una persona migrante solicitó el servicio de salud que ofrece el seguro popular en dicha entidad. En el trámite del mismo, encontró que implícitamente se excluye a quienes son extranjeros y que no tienen una residencia en México. Al ver este contexto, la persona migrante se amparó ante el Poder Judicial de la Federación y, después de su resolución, logró demostrar la discriminación existente en la norma respectiva. En cuanto al fondo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Estado no puede requerir la presentación del CURP para reconocer o prestar un servicio derivado de un derecho humano. Sin descartar la importancia de lo dispuesto por la Ley de Migración y los acuerdos internacionales aprobados por nuestro país en materia de migraciones.
Es primordial que recordemos que nuestro sistema jurídico tiene como premisa principal el contar con normatividad con perspectiva de grupos en situación de vulnerabilidad para nivelar sus circunstancias de desventaja.
Con esto, estimada o estimado lector, los invito a que pongamos un ojo en las disposiciones que nos rigen para que validemos si su aplicación es para todos, para unos cuantos, proporcional y accesible.
