Mario Maraboto
En reiteradas ocasiones, el actual presidente de la República se ha referido al uso a SU derecho de réplica ante distintas coyunturas que se han presentado por sus decisiones, comentarios o acciones.
En cuanto al derecho de réplica, la ley respectiva establece que es el que tienen todas las personas a “que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.” Respecto a la crítica periodística, el artículo 5º de dicha ley establece que “será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos en esta ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause un agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, imagen, reputación o vida privada.”
La misma Ley establece en su artículo 10º que “la persona que desee ejercer el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente: (…) III. Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información; IV. Hechos que desea aclarar…”. En su artículo 13, la ley especifica que “el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas…”
En breve, se trata de la prerrogativa de toda persona de quien se difunde información inexacta, o que afecte su honor, su vida privada o a su propia imagen, solicite la aclaración pertinente por las vías que marca la ley.
El derecho de réplica requiere de dos partes: un medio de comunicación y una persona física o moral que se sienta afectada por la publicación de una información que considera inexacta o definitivamente falsa y le causa alguna afectación. Aplica para todas las personas, incluido cualquier gobernante en el país, por lo que quien sienta que ha sido agraviado (sea persona física o moral) por una publicación en un medio de comunicación, puede ejercerlo con la expectativa de una respuesta inmediata. Si el medio desconoce esta obligación, la persona o institución agraviada puede recurrir a las autoridades correspondientes para demandarlo a título personal o institucional.
En mi trayectoria profesional como responsable de la comunicación en distintas instituciones, en algunas ocasiones he tenido que recurrir al derecho de réplica ante algún medio aportando la información y datos que fueran necesarios para precisar la equivocación o error, independientemente de que hubiera sido involuntario o premeditado. En todas las ocasiones, obtuve la respuesta esperada sin requerir de procedimientos ante las autoridades.
En tantas ocasiones en que el actual presidente ha expresado que ejercerá su derecho de réplica, no se sabe que en algún momento él o su consultoría jurídica lo haya solicitado formalmente ante las autoridades, acorde a la ley correspondiente. Tampoco se sabe que alguno de los medios aludidos lo haya desagraviado, seguramente porque su derecho de réplica no está sustentado en “información falsa o inexacta” como lo pide la ley.
Creo que el presidente confunde el derecho de réplica con la necesidad de aclarar, con datos puntuales y comprobados, todas aquellas críticas y cuestionamientos que con gran frecuencia se hacen sobre sus decisiones y acciones. En cambio, su ‘derecho de réplica’ generalmente se traduce en descalificaciones y epítetos, juicios de valor y ataques a los medios de comunicación, ante la falta de argumentos comprobados.
De igual forma piensa que el derecho de réplica implica exhibir semanalmente las ‘mentiras’ de los medios de comunicación a través de una sección de su ‘show’ mañanero en el que se presentan supuestas informaciones falsas, pero se omiten las imprecisiones y datos falsos del propio Gobierno.
Me parece que el presidente de México no es quien debe ejercer el derecho de réplica, sino aquellos a quienes agravia, dado que no evidencia ni prueba que lo que se ha dicho y publica sobre los temas que le interesan esté sustentado en información falsa o inexacta.
