Las decisiones políticas se toman, en situaciones de extrema urgencia y optando entre inconvenientes
Roberto Mendoza
El próximo domingo será la primera Consulta Popular de nuestra historia. Sin duda será un ejercicio ‘sui generis’. El presidente ha dicho, varias veces, que él está en contra de juzgar a nadie, que su Gobierno no es de venganza. Independientemente si uno está a favor o en contra, la Consulta se hará. Lo interesante es que este plebiscito podría ser un arma de dos filos, pues la pregunta es tan abierta que podría generar también una ola de posibles investigaciones sobre las decisiones del Gobierno actual.
La pregunta inicial de este nuevo experimento de la 4T era “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Esta pregunta es inconstitucional, pues de antemano ya apuntaba a los exmandatarios como presuntos delincuentes. Ante señalamientos de todo tipo, la Corte se dejó presionar y extralimitando sus atribuciones corrigió la pregunta al cambiarla por “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”
De entrada, la respuesta es un rotundo ‘Sí’. ¿Quién estaría en desacuerdo? Pero ¿qué significa “el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”? ¿Actores políticos como Andrés Manuel López Obrador, Hugo López Gatell o Claudia Sheimbaun? Las decisiones políticas se toman, en situaciones de extrema urgencia y optando entre inconvenientes. Aquí algunos ejemplos: capturar y extraditar al hijo del ‘Chapo’ Guzmán aún con el riesgo de una ola de violencia en la ciudad de Culiacán o decidir dejarlo libre y evitar la violencia.
Comprar medicamentos de todo tipo a empresas supuestamente corruptas o cancelar todos los contratos sucios y emprender una curva de aprendizaje causando un gran desabasto de medicinas. Continuar con el plan de vacunación nacional que se tenía, funcionaba y era eficiente o inventar uno totalmente nuevo, que incluya personal no médico, sino político-electoral y perder el control de las vacunas.
Continuar apoyando a las mujeres víctimas de la violencia o cancelar los apoyos y los albergues aún con el riesgo de agudizar la violencia y los feminicidios. Dar mantenimiento al transporte colectivo más grande de México o en nombre de la austeridad no hacerlo aún con el riesgo de tener un accidente fatal.
Estas y otras decisiones dejaron, en este Gobierno “sin garantía de justicia y derechos a probables víctimas”, muchas de ellas mortales. La Consulta debería, sin duda, integrar estos acontecimientos. La pregunta señala que se debe tomar en cuenta “los años pasados por los actores políticos”. Estas decisiones se tomaron precisamente en años pasados, 2019 y 2020, y por actores políticos. Puedo estar equivocado, pero creo que sí alcanza la Consulta para exigir estas “acciones pertinentes” para garantizar justicia a las víctimas; lo señala la consulta. Si logra el 40 por ciento de participación, será vinculante. No veo motivo por qué no exigirlo. En el último de los casos, la verdad es que no se necesita una Consulta; es un ejercicio caro e inútil. La ley es la ley, está en la Constitución, bastaría con presentar las denuncias, que la FGR investigue y presente pruebas; luego, exigir que los tribunales hagan justicia.
