Los nombres pertenecientes a El Salvador aparecían como clasificados en la primera versión del documento, lo que frenó su difusión

Daniel Lizárraga

Desde hace una semana se ha recrudecido el enfrentamiento político entre los gobiernos de Estados Unidos y de El Salvador. Mirar a los presidentes Joe Biden y Nayib Bukele mover sus piezas en el ajedrez político sería interesante, como espectadores. Pero el panorama se torna riesgoso y hasta peligroso para 7 millones de personas que habitan en este país cuya economía está dolarizada, con altos índices de violencia y una deuda pública que recientemente llegó a los 23 mil millones de dólares equivalentes al 90 por ciento del PIB. Para rematar, una sociedad dependiente de las remesas.

Dicen que Estados Unidos no tiene amigos; lo que tiene son intereses. Uno de los temas en la agenda política de Biden ha sido, sin duda, la migración. Desde sus primeros días en la Casa Blanca tuvo que maniobrar, de un momento a otro, para palear la crisis provocada por cientos de personas que trataban de cruzar la frontera con México, sobre todo menores de edad. La migración, además, tiene un sello electoral.

El pasado lunes 17 de mayo, el Departamento de Estado entregó al Congreso y al Senado un documento desclasificado en el cual aparecen cinco políticos de El Salvador presuntamente involucrados en actos de corrupción. Una de ellas, la que más impacto ha causado, fue Carolina Recinos, actual jefa de gabinete en el Gobierno de Bukele.

En esa lista también aparecieron José Luis Merino, exdirigente del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y de la empresa Alba Petróleos –una filial de la petrolera venezolana PDVSA–, así como Rogelio Rivas, exministro de Seguridad en la Administración bukelista; Guillermo Gallegos, diputado del partido Gana –aliado del oficialista Nuevas Ideas– y el también expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.

Como lo publicamos en El Faro, se trata de parte de una lista mayor enviada a inicios de abril al despacho de la congresista californiana Norma Torres, y que incluye también a funcionarios de Honduras y Guatemala.

Los nombres pertenecientes a El Salvador aparecían como clasificados en la primera versión del documento, lo que frenó su difusión. En las últimas semanas, Torres había solicitado, en reuniones directas con representantes de la Administración de Joe Biden, que el contenido se desclasificara.

Bukele respondió por mensajes en Twitter, la red social que usa a diario para gobernar, mofarse de quien no piensa como él y alentar a sus millones de seguidores a denigrar o echarse encima de quien osa criticar a su Gobierno.

− Dicen los  “amigos” que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA (el partido derechista) no hay corruptos.  NI UNO SOLO.

Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten en que los regresemos al poder, por santos.

− Si alguien cree que el combate a la corrupción tiene tan siquiera un ápice que ver con esto, o es increíblemente tonto o pretende que los demás lo sean. Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Aunque esta vez, se pasaron de cínicos.

El golpe asestado por el Gobierno de Joe Biden mediante la filtración de personajes cercanos a Bukele presuntamente vinculados a actos de corrupción, tiene un antecedente que, si bien no pasó desapercibido, tampoco tuvo una gran difusión. El pasado 12 de mayo, Bukele se reunió con los embajadores, cónsules y representantes de organismos internacionales como la OEA para recriminarles por qué algunos de sus países hicieron exhortos o manifestaron públicamente su desacuerdo cuando, unos días atrás, la nueva mayoría de diputados oficialistas destituyó al fiscal y también a los magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte.

Estas son algunas de las frases que dijo entonces ante el desplante del representante de Estados Unidos, Brendan O´Brien:

− “(…) Lástima que no vino el encargado de negocios de los Estados Unidos… ¿Por qué no vino? No le he preguntado. Me preocupa porque cuando uno tiene información de un solo lado, lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión (…)”.

− “(…) Y me extraña, porque aquí nosotros tenemos una relación de larga data, no estamos hablando de relaciones nuevas, en su mayoría.  A mí me pareció extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado pasado. Extrañísimo. No esperábamos una condena internacional y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada qué condenar (…).

-− “(…) Si ven que El Salvador está haciendo algo mal, díganlo. Pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué alguien me explique por qué las condenas? Si la Constitución faculta a la Asamblea para nombrar y renovar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal (…)”.

Pero sus palabras no fue lo peor aquella noche. Bukele, al día siguiente, trasmitió el encuentro en cadena nacional por radio y televisión sin que estuviera autorizado por los diplomáticos.

Además, aún no habían pasado 24 horas de que Estados Unidos revelara los nombres de servidores públicos y exfuncionarios presuntamente vinculados a actos de corrupción, cuando Bukele envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le autorizara recibir un gigantesco proyecto de cooperación con la República Popular China.

Decir que les envió es un formalismo, en realidad les ordenó aprobar eso justo en un momento de tensión política. Se trata de un millonario convenio cuyo costo total aún es desconocido. El convenio marco con China, disponible en la página de transparencia de Cancillería, establece líneas generales para proyectos de infraestructura:  un estadio nacional, una biblioteca nacional, una gran planta potabilizadora en el lago de Ilopango, infraestructura para Surf City, la restauración del sitio arqueológico Joya de Cerén, nueve convenios de cooperación (en agricultura, turismo, cultura, deportes, comercio y asistencia técnica) y, por último, la restauración y ampliación del puerto de La Libertad.