Lo sucedido la semana anterior es una señal clara de que el Ejecutivo, por medio de la Fiscalía General “autónoma”, quiere meter las manos hasta los codos en la elección a la gubernatura
Hugo Lora
Una característica que debe diferenciar fuertemente a un ciudadano común de un servidor público o de un oficial electo es la razón de Estado, entendida como el resguardo incansable y permanente de las instituciones y de su funcionar en favor de los gobernados sobre los intereses de una persona o un movimiento. Entonces, el uso de las instituciones para beneficio personal o de unos cuantos es algo que definitivamente deberíamos de repudiar y evitar en nuestros gobernantes.
Lo sucedido la semana anterior es una señal clara de que el Ejecutivo, por medio de la Fiscalía General “autónoma”, quiere meter las manos hasta los codos en la elección a la gubernatura y esto sin duda es un ataque a una de las instituciones que más poder nos da a los ciudadanos: la democracia.
De manera breve relataré lo sucedido en Nuevo León. A menos de un mes de la elección más grande de la historia, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación en contra de los dos candidatos punteros por la gubernatura del estado ya mencionado: Adrián de la Garza y Samuel García. Estas dos investigaciones se hacen por delitos electorales de compra y coacción del voto, y financiamiento ilícito de campañas, respectivamente; los cuales merecen prisión preventiva oficiosa. Después de ser publicado el boletín el lunes, se le preguntó al presidente en una de sus mañaneras si este había tenido algo que ver en la denuncia y si estaba metiendo las manos en las elecciones; este contestó: “¡Claro que sí!, si aquí las di a conocer.” Así de claro.
Lo que se pensó y se hizo como una estrategia para debilitar a los candidatos que superan a la abanderada de Morena, ahora resulta como algo que los fortaleció. Los ciudadanos del estado norteño se dieron cuenta de que lo único que quiere lograr el presidente es mantener a él y a su partido en el poder a como dé lugar. Este es un ataque muy duro y abierto a las instituciones mexicanas, la democracia y a la Constitución. ¿Es esto lo que queremos en nuestro estado y en nuestro país? La respuesta la debemos de tener clara pronto, pues la decisión que tomaremos el 6 de junio será la que definirá nuestro futuro.
