En algunos de los programas sociales que tenía la extinta Sedesol, sus reglas de operación mencionaban claramente que las obras debían ser destinadas al “abatimiento de la pobreza

Raúl Lorea

En la entrega anterior hablé de las viviendas hechas por migrantes del municipio de Huimilpan, pero el fenómeno se replica en casi todo el país. Encontré un magnífico trabajo de Sandra Calvo, titulado ‘Copias del abandono’, donde analiza las viviendas de los migrantes de Tlaxcala. De forma más detallada, explica que las ‘casas soñadas’ las construyen con la esperanza de volver a casa y tener un patrimonio.

Sin embargo, Sandra destaca que muchas de esas viviendas tardan décadas en concluirse o definitivamente nunca se ocupan por diferentes razones: sus dueños no pueden volver a México, los recursos son insuficientes, las casas se encuentran aisladas o han sido saqueadas; no cuentan con servicios públicos y el uso de suelo donde están es de escaso valor.

En el particular caso de la carencia de servicios públicos, muchas veces las autoridades (como en el caso de Huimilpan) prefieren optimizar el recurso, pues con la misma inversión podría beneficiarse a más habitantes en alguna otra zona.

En algunos de los programas sociales que tenía la extinta Sedesol, sus reglas de operación mencionaban claramente que las obras debían ser destinadas al “abatimiento de la pobreza”; al haber viviendas tan ostentosas, los supervisores federales determinaban que esas viviendas no estaban así por condiciones de pobreza, y así no autorizaban el recurso.

Con ello la vivienda migrante queda marginada e inconclusa volviéndose parte de nuestra cultura. ¿Qué deberían hacer las autoridades al respecto?