Lo que nadie dice: Hugo Lora

Sobra decir que el tema más relevante de la semana pasada fue lo sucedido en la Cámara de Senadores el jueves por la tarde, para los que no estén enterados aquí va un pequeño resumen. Se estaba discutiendo la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera del Poder Judicial de la Federación. Siendo aprobado el decreto en lo general, el senador del Partido Verde por Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Cué, promovió una reserva en la que se agregaba un artículo transitorio a la ley que dice que: “…la persona que a su entrada en vigor (el decreto discutido) ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre de 2024.” Ampliando así, dos años el periodo del actual presidente, Arturo Zaldívar, que terminaba en 2022. Sobra decir, después de tanta discusión, porqué lo anterior es un acto que pone en peligro el equilibrio de poderes en nuestro país. Pero hay cosas que al día de hoy no se están discutiendo.

Dentro de la reserva mencionada anteriormente también se amplió el periodo de los miembros del CJF dos años. Solo uno, Jorge Antonio Cruz Ramos designado en diciembre de 2016, terminará en 2023. Todos los demás concluirán, según lo aprobado, hasta 2026. Es importante mencionar que tres de los siete miembros del CJF fueron designados o por el presidente de la república o por el senado de la república. Además de que otros dos fueron votados por el pleno de la SCJN cuando ya estaban presentes los tres ministros propuestos por el actual ejecutivo. Por lo que podríamos decir que cinco de los siete miembros de dicho consejo pueden estar influenciados por nuestro Ejecutivo.

Y se preguntarán ¿qué importancia tiene el CJF? Bueno, pues ellos son los encargados de nombrar a los más de 1,400 jueces de distrito y magistrados de circuito que hay en nuestro país. Pero no solo esto, el CJF puede acordar el retiro forzoso de los mismos según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo que la administración de justicia de nuestro país estará a merced del Presidente de la República, que de por sí era pobre con un 10% de efectividad en sentencias hechas por carpeta de investigación abierta.

El caso del presidente de la SCJN es grave, pero las consecuencias que podría tener esta reforma en temas de acceso a justicia y división de poderes son mucho más graves de lo que se ha analizado. Poco a poco el presidente gana más poder, el 6 de junio es la oportunidad que tenemos para revertir este andar que está destruyendo la democracia y funcionar político del país.