En tercer lugar, tendremos a los actores privados internacionales, quienes harán valer argumentos de violación y falta de respeto a los diversos tratados de protección de inversiones extranjeras en México

Abel Mejía

Parece que, ante la mayoría parlamentaria aplastante de Morena, la lucha contra la contra-reforma energética se dará ante los tribunales judiciales nacionales e internacionales.

En lo que parece será la madre de todas las batallas legales contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, tendremos todo tipo de actores y acciones legales y políticas.  En primer lugar, tendremos a los actores privados locales, quienes claramente interpondrán sendos juicios de amparo indirecto, argumentando violaciones concretas a sus derechos humanos garantizados por la Constitución.  En segundo lugar, tendremos a los actores de orden público, es decir a las entidades federativas, a los organismos autónomos de la Federación, a las minorías parlamentarias y a los partidos políticos, quienes recurrirán a la interposición de controversias constitucionales y acciones constitucionales, unos para alegar la violación a sus áreas de competencia y otros con el purísimo fin de defender a la Constitución en sí (por supuesto nunca buscando solo sabotear uno de los proyectos pilar de AMLO).  De esta manera se pondrá realmente a prueba al Poder Judicial del país y los mecanismos de control constitucional que le han sido encomendados por la Constitución.

En tercer lugar, tendremos a los actores privados internacionales, quienes harán valer argumentos de violación y falta de respeto a los diversos tratados de protección de inversiones extranjeras en México.  Estos tratados garantizan a la inversión extranjera principios internacionalmente reconocidos como un trato mínimo justo y equitativo y garantías de protección y seguridad plenas. Aquí seguro se harán valer argumentos de que, aunque la reforma no implica una expropiación en sí, sí que implica medidas equivalentes que hacen nugatorios el uso y aprovechamiento de las inversiones hechas pues el Estado Mexicano estaría privando al inversor del desarrollo normal de su inversión.  Finalmente, pero no menos importante, se deben considerar las presiones que vendrán de organismos internacionales y de otros países, incluyendo de E.U.A. donde Joe Biden enarbola la bandera de lucha contra el cambio climático y apoyo a las energías renovables.

El poder judicial ha demostrado independencia al haber ya emitido fallos favorables a los opositores a la política energética promovida por la actual administración en casos anteriores, y frente a esta reforma ya han empezado a otorgar suspensiones favorables a los particulares.  Los tribunales internacionales también han sido implacables contra las afectaciones arbitrarias de inversionistas extranjeros. Todos estos factores hacen que pinte muuuuuy complicada la rápida implementación de la susodicha reforma. Como ven, esto apenas y empieza, así que agarren asiento y tengan palomitas a la mano porque parece que el show se va a poner bueno.  Hagamos diálogo en twitter @MrMejiaCosenza.