La reactivación económica solo será posible si se cuidan los empleos existentes y se propicia la creación de nuevas fuentes laborales
Jorge Camacho
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada como iniciativa preferente por el Presidente de la República fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados el pasado 23 de febrero cuya minuta se encuentra ya en la Cámara de Senadores.
Por ello, en Coparmex hacemos un llamado a los Senadores para que no aprueben esta iniciativa ya que no abona al desarrollo, al fomento de las inversiones, a la competitividad ni a conservar el medio ambiente en nuestro país.
Coparmex como sindicato patronal promueve el bien común e impulsa el emprendimiento para lograr un desarrollo sustentable. Hemos identificado con preocupación el impacto negativo que podría tener en la economía de México y en la población de nuestro país dicha reforma en los términos planteados.
En 2020, la economía mexicana tuvo una contracción de 8.9%, más del doble del promedio mundial (que fue 4.3%); la población ocupada disminuyó 2.4 millones de personas; y la ocupación en micro negocios se redujo en 914 mil empleos en el cuarto trimestre de 2020, respecto al año anterior.
De aprobarse la reforma en sus términos actuales, se estará dando un golpe adicional a la economía. Las tarifas de luz eléctrica aumentarán 17% y el costo deberá ser pagado por los usuarios o mediante subsidios por la SHCP, lo que significa que a final de cuentas serán los mexicanos quienes asuman ese costo.
La reforma, no propiciará la eficiencia, el costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26% mayor al de la generación de los productores independientes de energía y tuvo el doble del costo obtenido en las Subastas de Largo Plazo. México necesita seguridad energética y con los recientes apagones en diversos estados del país (que provocaron pérdidas por millonarias y afectaron al 80% de las maquiladoras), ha quedado de manifiesto que garantizar un servicio confiable, suficiente y de calidad, requiere de la participación de la inversión privada para coadyuvar en esta meta. Cambiar el orden del despacho, poniendo en primer lugar el combustóleo, el carbón y el diésel solo provocará más daños a la salud de los mexicanos y al medio ambiente.
La reactivación económica solo será posible si se cuidan los empleos existentes y se propicia la creación de nuevas fuentes laborales, ello requiere de la inversión y la condición indispensable para que ocurra es la certeza jurídica. El mensaje con la reforma sería el opuesto.
Es importante tomar en cuenta los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia medioambiental, los que la presente administración suscribió en materia comercial como el T-MEC, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las mejores prácticas que están dándose en el mundo, por lo que esta iniciativa preferente no puede ni debe ser aprobada en sus términos. Lo correcto sería mejorar el marco regulatorio a partir de una reflexión más profunda. México atraviesa la peor crisis económica en más de 80 años y salir adelante sólo será posible con la suma de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, en especial, en un pilar para el desarrollo como lo es la industria eléctrica.
El futuro no está en el carbón ni en el combustóleo, esa es ya una página histórica rebasada; el futuro está en las energías limpias y de bajo costo que beneficien a las familias.
