El asalto al Capitolio en Estados Unidos fue la culminación de un mandato en el que Donald Trump utilizó plataformas como Twitter para promover la mentira, la conspiración, el supremacismo y el autoritarismo
David Jiménez
Una de las causas menos conocidas del genocidio de Ruanda, donde cerca de un millón de personas fueron masacradas a machetazos en 1994, fue la libertad de expresión mal entendida. Políticos, activistas y periodistas hutus prepararon el terreno e incitaron el exterminio de los tutsis a través de una campaña de odio que utilizó la emisora RTLM como altavoz. Uno de los mensajes más repetidos describía a los miembros de la etnia rival como “cucarachas”. Y si no eran más que eso, insectos capaces de colarse en tu casa y extender la enfermedad, ¿acaso no estaba justificado aplastarlos?
Ruanda viene al caso ante el lamento de extremistas de todo el mundo porque finalmente, aunque con años de retraso y demasiado tarde, se estén tomando medidas para eliminar de las redes sociales el odio, la xenofobia, el fanatismo y la desinformación como arma para sabotear democracias. La libertad de expresión tiene sus límites en el abuso de los derechos de los demás. Quién, cómo y cuándo se decide eliminar ese contenido es debatible; la conveniencia de hacerlo, no.
El asalto al Capitolio en Estados Unidos fue la culminación de un mandato en el que Donald Trump utilizó plataformas como Twitter para promover la mentira, la conspiración, el supremacismo y el autoritarismo. La decisión de cancelar sus cuentas en redes sociales, sin embargo, tiene su punto débil en la misma arbitrariedad y falta de transparencia que le permitió operarlas sin control. Las líneas rojas son demasiado finas y complejas para que la decisión dependa de un puñado de directivos de Silicon Valley.
Pocos países conocen mejor que Alemania cómo un exceso de tolerancia hacia los intolerantes puede gangrenar una sociedad y conducirla al profundo pozo de la violencia sectaria. A veces, hasta llegar al genocidio. Por eso las leyes alemanas contra el odio en internet, vigentes desde 2018, están entre las más duras del mundo y obligan a las plataformas a suprimir contenido que fomente la violencia, la discriminación o el extremismo en menos de 24 horas, bajo amenaza de multas millonarias.
Y, sin embargo, la canciller Angela Merkel dijo esta semana que la cancelación de las cuentas de Donald Trump en las redes sociales era “problemática”, mostrándose a favor de un equilibrio entre la supervisión del contenido tóxico y la defensa de la libertad de expresión. Lograr ese balance requerirá aceptar, como hizo Alemania, que la mayoría de las legislaciones que regulan ese derecho fundamental han quedado obsoletas. La monitorización necesitará de garantías, preferentemente ofrecidas por jueces formados en nuevas tecnologías, para evitar que tenga un sesgo ideológico, religioso o racial.
La reemergencia de los extremismos en el mundo, incluidos políticos que atacan la democracia desde dentro, hace que la adaptación sea urgente. Estados Unidos ha resistido el embate autoritario gracias a la fortaleza de sus instituciones, sistema judicial y prensa independiente. Pero, ¿cuál habría sido el desenlace de un envite parecido en una democracia inmadura y con esos tres pilares debilitados, como es el caso de España? Solo hay que mirar qué fue de naciones que cayeron en las garras del populismo, como la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para recordarnos que no podemos correr ningún riesgo.
La libertad de expresión está regulada en España bajo un marco anticuado que, sumado a medidas restrictivas recientes como la Ley Mordaza de 2015, que permite sancionar a periodistas bajo el ambiguo pretexto de alteración del orden, rebaja su significado. El resultado es que los jueces españoles están sentando en el banquillo a quienes la ejercen legítimamente, mientras manipuladores y propagadores del odio operan con impunidad en un momento de gran crispación. Esa combinación es garantía de tiempos oscuros en un país con una historia de enfrentamientos civiles como la nuestra.
La revista satírica Mongolia reflejaba las contradicciones del erróneo foco judicial en su última portada, un fondo negro con el que sus editores quisieron denunciar la censura. La publicación ha visto su futuro comprometido tras ser condenada a pagar 40.000 euros por ridiculizar en un cartel promocional al torero José Ortega Cano, quien en 2011 mató bajo los efectos del alcohol a otro conductor en un accidente de tráfico. Importantes juristas han resaltado las incongruencias de la sentencia, que se suma a los procesos contra trabajos de ficción de raperos, humoristas o artistas. El presidente Pedro Sánchez, a pesar de las promesas hechas cuando estaba en la oposición, no ha tomado ninguna medida para corregir la deriva.
Una parte de la judicatura española no parece diferenciar la sátira de la realidad, pero aún más grave: tiene una concepción de la libertad de expresión y sus límites impropia de una democracia liberal. No son la ofensa, la burla o la crítica, incluso cuando resultan de mal gusto, las que debe ser perseguidas; sino la fabricación de noticias falsas, desinformación y propaganda con el objetivo de incitar a la violencia, discriminar minorías o suprimir las libertades de los demás.
Quienes abusan de la libertad de expresión, utilizando las nuevas tecnologías como herramienta, se justifican en la falta de espacio en los medios tradicionales y dicen que el límite de sus acciones solo puede establecerlos el sistema judicial, conscientes de que no está preparado para hacerlo. Las víctimas rara vez tienen recursos para emprender acciones legales y quienes dan el paso se enfrentan a procesos que pueden durar años. Para entonces, el daño puede ser irreparable, como demuestra la orgía de violencia contra los rohinyás en Birmania, donde una noticia falsa sobre una violación difundida en Facebook desencadenó una limpieza étnica.
El genocidio de Ruanda se fraguó por medios tradicionales con una propaganda incesante que duró años y deshumanizó a las víctimas a ojos de sus verdugos. Las redes sociales han acortado los plazos del adoctrinamiento y ampliado la capacidad de generar odio. Supervisadas por las leyes aprobadas por los parlamentos nacionales, las grandes corporaciones de Silicon Valley deben actuar de forma decisiva para suprimir los discursos que alientan la violencia, promueven el racismo o atentan contra la salud pública.
España, como tantos países, vive una propagación sin control de ese contenido. Hay suficiente en juego para movilizar los recursos del Estado, creando una comisión independiente del gobierno para estudiar medidas contundentes; reforzando y ampliando el ámbito de actuación de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la policía; enseñando desde la escuela a protegerse de la desinformación y poniendo en marcha juzgados específicos que puedan actuar con celeridad cuando el poder de internet es utilizado para atacar la convivencia y las libertades.
Los ciudadanos, por su parte, han adquirido nuevas responsabilidades en un ecosistema digital que ofrece a cualquiera la capacidad de difundir una información, dar una opinión públicamente o hacer un llamamiento. Se trata de una expansión de la libertad de expresión sin precedentes, pero no sin límites. La mentira, como herramienta para pisotear los derechos de los demás, no forma parte de ella.
