Desde esta perspectiva, tirarle un hachazo al INAI para derrumbarlo de un solo golpe se antoja necesario

Daniel Lizárraga

La idea que ronda por la cabeza de López Obrador sobre desaparecer al INAI es corta de miras. Como si el actual gobierno fuese eterno; como si el sucesor o sucesora de la silla presidencial abrazará, sin matiz alguno, sus ideales; como si en este complejo país nunca más pudiera ganar las elecciones un candidato de corte derechista.

Y, por si fuera poco, dejará libre el camino a los feudos que todavía dominan en los gobiernos estatales y, sobre todo, en los municipios.

Según cifras oficiales, la sede del INAI -ubicada sobre avenida insurgentes sur, en la ciudad de México- tendrá un costo final de 683 millones de pesos. Sí, en futuro, porque existe un contrato de arrendamiento financiero que termina hasta el año 2033. Los comisionados y las comisionadas ciudadanas, cada 15 días cobraron 52 mil 893 pesos netos durante el 2020. Actualmente, se cuenta con alrededor de 441 empleados, el doble de los que tenían hasta antes del año 2010 cuando se convirtió en autoridad nacional.

Desde esta perspectiva, tirarle un hachazo al INAI para derrumbarlo de un solo golpe se antoja necesario.

Dice López Obrador: “si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, tenemos que respetar y hacer respetar las leyes y la trasparencia es una regla de oro de la democracia entonces para qué tener un aparato administrativo costoso, si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace”.

Aquí la mirada de se vuelve miope. En los sistemas democráticos cualquier ideología puede ganar una elección presidencial. El gobierno de López Obrador -al menos en teoría- cumplirá con abrir los archivos y quitarle los candados a la información confidencial. Bien.

Pero ¿Y si en 12 o 18 años gana las elecciones un candidato de ideología neoliberal, opaco en su trayectoria política? En esta lógica, concentrar el sistema y los reglamentos sobre transparencia en manos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es dejarle la mesa servida.

La conformación de un organismo como el INAI justamente pretende que el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas estén anclados y suficientemente sólidos para aguantar los vaivenes políticos sexenales.

Dice López Obrador: (…) No tenemos nada que esconder. Ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos, que dominaron durante todo el periodo neoliberal, que tenían que esconder la información, reservándola, aprovechando a este organismo para que declarara que era confidencial la información (…)”.

Suponiendo sin conceder que un grupo de políticos macabros neoliberales se ocultaron en algún sótano para trazar al INAI, finalmente el tiro les salió por la culata: cuando al inicio del gobierno de Vicente Fox se promovió en la Cámara de Diputados la primera ley de transparencia, la bancada del PAN estaba en contra de que el entonces IFAI fuese constitucionalmente autónomo. El jefe de la bancada albiazul se llamaba Felipe Calderón.

Los argumentos de Calderón eran básicamente los mismos de López Obrador: para qué un organismo independiente si tenemos instancias que pueden encargarse de eso. Finalmente, pudo salir avante el IFAI pero la autonomía constitucional llegó años más tarde.

Dice López Obrador: (…) Todos estos organismos se crearon para la simulación”

Antes de que el gobierno de Vicente Fox cumpliera sus dos primeros años, sufrió uno de los reveses que puso contra la lona su aparente cambio respecto a la dictadura partidista del PRI: “el toalla gate”. El diario Milenio publicó que en Los Pinos se mandaron comprar toallas de 5 mil pasos, cada una.

Tiempo después, se expusieron los derroches que hizo Marta Sahagún en la compra de ropa de marca a cargo del erario. La transparencia aprobada durante el foxismo se transformó en un bumerang. Hay más ejemplos que no cabrían en este espacio sobre piezas periodísticas como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.

Dice López Obrador: “(…) Para qué si existen en el gobierno los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; por qué crearon estos organismos alternativos. Eso surgió durante los gobiernos neoliberales y así poder desincorporar empresas públicas y concretar la privatización y aparentar que había transparencia, en el periodo que más saqueo ha existido (…)”

 Los poderes no pueden ser juez y parte. Si un ciudadano tramita una solicitud ante cualquier secretaría y la respuesta obtenida no corresponde a lo que quería, le entregaron algo distinto o quizá negaron los documentos por alguna razón ilegal. ¿Quién tomará la decisión final? ¿A quién acudir donde el gobierno no juegue el papel de juez y parte? Tramitar un amparo es costoso.

Anular al INAI significa que los gobiernos estatales y municipales retomen las riendas de la opacidad. La idea del presidente los dejará actuar a sus anchas.

Hay que revisar el costo del INAI en todo sentido. La situación es complicada; se necesita dinero. Pero desaparecerlo es un contrasentido y una locura rehacer una ley de transparencia y los reglamentos a la medida y gusto del gobierno en turno.