Otro punto de comparación importante es que en nuestro país vecino la administración de este fármaco no es exclusiva del gobierno
Hugo Lora
En nuestro país solo el gobierno podrá adquirir, distribuir y aplicar la vacuna en contra del COVID-19. Este monopolio público podría generar beneficios al partido oficial en año electoral y muchísimas deficiencias en cumplir la meta final de la administración de la vacuna: regresar a la tan añorada “normalidad”.
Observando los números, con datos del Instituto Nacional Electoral de 2017, el 52 por ciento del padrón electoral nacional tienen más de 40 años (47,660,134 millones de mexicanos). Lo
interesante viene cuando la estrategia de vacunación, que convenientemente se hará por medio de grupos de edad, prevé la administración de dicho medicamento a las personas de 40 años o más de diciembre del 2020 a junio de 2021, mes de la elección intermedia.
Y debemos de admitir que la administración de la vacuna era inevitable independientemente que hubiera o no elecciones este año, pero la estrategia de vacunación es una decisión que depende al
cien por ciento del gobierno y la está usando para su propio beneficio. Por ejemplo, en Estados Unidos el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), autoridad en la materia, dijo que en la primera fase se debía de administrar la vacuna al personal de salud y a las personas que vivieran en casas de retiro (adultos mayores), hasta aquí vamos bien.
Pero a partir de la segunda fase las cosas cambian, el medicamento se administrará a personas mayores de 75 años y trabajadores de los sectores esenciales. Después a las personas que tengan una condición médica de riesgo que se encuentre entre 16 y 64 años. Terminando con la administración al público en general.
Otro punto de comparación importante es que en nuestro país vecino la administración de este fármaco no es exclusiva del gobierno. Un ejemplo es la cadena de farmacias CVS, con más de
9,600 puntos de venta, planea administrar más de 20 millones de vacunas al mes, haciendo mucho más rápida y efectiva su aplicación. Y aunque en nuestro país se hará de manera general y gratuita
hay muchos mexicanos que por la tranquilidad de ponerse la vacuna pagarían por hacerlo, ¿por qué negarles dicho satisfactor?
El que esta administración decretara que solo ellos iban a ser capaces de cumplir con esta tarea les pone la capa de héroes a los que verdaderamente han sido los villanos más grandes en contra de la población mexicana más vulnerable, no por nada somos uno de los primeros cinco lugares en tasa de mortalidad por COVID-19 a nivel mundial. Recordemos que en política no hay coincidencias, no nos dejemos engañar.