El superpoder legislativo: Hugo Lora

El “fuero” constitucional es un término que se ha relacionado directamente con la política y las personas en nuestro país lo ven como un sinónimo justificado de “impunidad”. Los abusos de poder que han cometido muchos servidores públicos en el pasado reciente han hecho que este vínculo se vuelva más fuerte, resultando en lo que sucedió el jueves pasado en la Cámara de Senadores. Para entender mejor la magnitud del posible cambio creo importante saber en dónde estamos parados para dimensionar lo que está por lograrse.

Este privilegio del que gozan los legisladores mexicanos a nivel federal abarca dos esferas: la inviolabilidad y la inmunidad procesal. La primera se refiere a proteger la libertad de expresión y voto de los legisladores sin que tengan que preocuparse por posibles cargos criminales o demandas. La segunda protege a los legisladores de cualquier proceso legal y esta solo puede ser retirada por medio de un voto parlamentario. Estos dos contribuyen a proteger y promover nuestra democracia ya que: ayudan al equilibrio de poderes, evitando que exista la posibilidad que uno influya sobre el otro por medio de la amenaza del uso de procedimientos legales para obtener influencia; protegen a los legisladores para que puedan desahogar su labor legislativa sin que sean distraídos por algún procedimiento en su contra; y, garantizan un espacio de toma de decisión parejo.

Sin embargo, y como lo hemos visto en la práctica, también tiene sus desventajas. Esta “inmunidad” no especifica expresamente lo que el diputado o senador deben de hacer, ni cuenta con garantías de que se cumpla, por lo que podría terminar dando protección a alguien que utiliza su cargo con el afán de abusar del poder para beneficio propio o de algún grupo de interés. También, como sucede y seguirá sucediendo en el caso mexicano, al ser el Congreso de la Unión quien toma la decisión de a qué legislador “desaforar” este se convierten en juez y parte del acto, por lo que es muy difícil que suceda. La historia lo comprueba, solo ha habido 8 juicios políticos exitosos en nuestro país y por los escaños y curules han pasado más de 20 mil legisladores durante el mismo periodo de tiempo.

El cambio que inició en la Cámara de Senadores, y que ahora se intentará consolidar en la de Diputados, busca que durante sus periodos las y los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión puedan ser juzgados por “traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano”. Dada la situación actual del país y reconociendo que MORENA ha sido atinado, aunque muchas veces contradictorio, en señalar las opulencias y escándalos de corrupción del pasado creo que esta reforma es necesaria, y lo ha sido por más de 30 años, para incentivar a los servidores públicos a acatar la ley.

Este superpoder legislativo se acaba de ver debilitado fuertemente de manera acertada, ya que la necesidad de darle a nuestro país un estado de derecho fuerte es mucho más importante que las agendas privadas de cualquier legislador o servidor público, sobre la ley nada ni nadie.