La pobreza que se produce al trabajar

El reporte especial MX sin Pobreza. Por un nuevo modelo de desarrollo para un auténtico régimen de bienestar publicado por Acción Ciudadana frente a la Pobreza aborda varias dimensiones y causales del empobrecimiento.

Publicado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el pasado 17 de octubre, el informe abona al diagnóstico y propuestas sugeridas por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antònio Guterres, quien exhortó a los gobiernos a acelerar la transformación económica invirtiendo en una recuperación ecológica y sostenible acompañado de programas de protección social incluyentes contemplando a quienes laboran en la informalidad para solidarizarnos con las personas empobrecidas más allá de la pandemia del COVID-19.

En consecuencia, me concentraré en compartir el apartado dedicado a la “La pobreza que se produce al trabajar” toda vez que aborda las dos carencias con mayor porcentaje y menor cambio de las examinadas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en sus mediciones multidimensionales de la pobreza.

Se trata de la pobreza por ingresos y carencia de seguridad social propias de la esfera económica y laboral. El 49% de la población reporta ingresos menores al costo de la canasta básica, hecho que no se modificó durante el periodo 2008-2018. En dicho lapso la carencia por seguridad social, aunque descendió, sigue siendo considerable al pasar de 65 a 57%.

La pobreza por ingresos para el periodo referido pasó de 54 a 61 millones de personas, de las cuales el 72% vive en zonas urbanas.

Para los autores del reporte, la pobreza se liga a un mercado laboral deformado y excluyente, donde 48.8 millones de personas, el 88% de la población ocupada realiza su actividad sin seguridad social ni ingreso suficiente, tampoco con prestaciones, subocupados o con jornada excesiva. De ese universo, el 62%, es decir, 34.4 millones de personas, no obtienen suficiente ingreso.

En el caso de mujeres en edad de trabajar el 59%, unas 25.7 millones, (se excluye a estudiantes, con jubilación o incapacidad permanente), carecen de ingreso propio.

El 44% de los jóvenes en el rango de 15 a 29 años, están en trabajos precarios y un 21% fuera de la escuela y sin trabajo.

Esto plantea la siguiente interrogante: ¿Trabajar para ser pobre? Los salarios no garantizan un ingreso suficiente toda vez que un alto porcentaje recibe ingresos laborales menores a 2 canastas básicas, alrededor de seis mil 200 pesos mensuales. Si acaso alcanza para una persona que trabaja y otra más. No es suficiente para vivir decentemente, sino para lo mínimo e incluso por debajo de la “línea de pobreza”. La hiriente realidad es que sin ingreso suficiente está el 57% de los trabajadores asalariados (18.1 millones); el 75% con trabajo “por su cuenta” (8.2 millones); 72% de las mujeres ocupadas (14 millones); 67% de los jóvenes ocupados (5.5 millones).

La mayor parte de la Población Económicamente Activa (PEA) es “informal”: 62% de personas ocupadas sin afiliación a salud y seguridad social. Son 34.2 millones de personas; una parte de la explicación es que 99.8% de quienes trabajan “por su cuenta” carecen de afiliación. Son 12.4 millones de personas.

En abierta violación a los derechos laborales, el 42% de las personas con empleo (15.2 millones de personas) necesitados de la seguridad social y los servicios de salud. En la misma situación se halla el 61% de las mujeres ocupadas (13.3 millones). Igual ocurre con el 61% de jóvenes ocupadas (9.4 millones).

En gran medida la precariedad laboral es posible, insisten en el reporte, porque la defensa del trabajo está atrofiada y muy debilitada:

Quienes trabajan por su cuenta carecen de mecanismos de defensa: contrato, organización sindical o autoridad laboral. Aunque trabajen para una misma plataforma o app (“modelo Uber”)
Pero incluso entre quienes tienen trabajo asalariado, la indefensión es muy grande: La mitad carecen de contrato estable y casi 9 de cada diez carecen de organización sindical
La justicia laboral no funciona, cuando se trabaja para empresas” de papel” y para quienes lo hacen “por su cuenta”
Aún entre trabajadoras (es) asalariadas (os), las condiciones de defensa están debilitadas: más de la mitad sin contrato estable (53%). Son 18.9 millones de personas a inicios de 2020
El outsourcing ilegal complica aún más la defensa legal para quienes trabajan

A pesar que la defensa y negociación colectiva forma parte del derecho humano al trabajo e indispensable para defender las remuneraciones y los derechos de quienes trabajan; históricamente, el sindicalismo en México ha disminuido su influencia y sobre todo su actividad de contrapeso frente a los abusos e injusticia laboral.

La otra opción de defensa es el acceso a la justicia en caso de violación de derechos. Sin embargo, las juntas de conciliación y arbitraje han sido nidos de corrupción. Y el litigio laboral es una cadena de engaños y trampas “legaloides”.

Si bien, la reforma de justicia laboral representa un avance con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo público descentralizado con la encomienda de llevar los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional; así como, de cuidar el respeto a los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, mediante procesos libres y democráticos, todavía falta que entre en plena operación y demuestre sus resultados.

El informe destaca los resultados positivos generados por los incrementos a los salarios mínimos para abatir el empobrecimiento.

Cabría recordar que la nueva política salarial permitió que el salario mínimo alcanzara, por primera vez, la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU) calculada por el CONEVAL, favoreciendo que 2.6 millones de personas salieron de la pobreza laboral. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 y la crisis en curso, plantea el reto de continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios a partir de los consensos alcanzados en las dos últimas fijaciones o iniciar un retroceso pactando alzas atenuadas. La segunda opción debilitaría sin duda, una de las políticas mejor valoradas por la opinión pública por su efectividad para aminorar el empobrecimiento sin afectar la creación de empleo ni el nivel de precios.