Eliminar los fideicomisos, de acuerdo con analistas y expertos en la materia, equivale a una confiscación de recursos que dejará sin capacidad de operación a áreas muy importantes del Estado
María Guadalupe Murguía Gutiérrez/Columnista
Con el falaz argumento de combatir la corrupción, el Presidente López Obrador ha dado instrucciones a sus mayorías parlamentarias para aprobar urgentemente la desaparición de 109 fideicomisos y fondos, lo que permitiría a su gobierno disponer discrecionalmente de 68 mil 400 millones de pesos que están comprometidos para el desarrollo de diversos sectores.
La medida, de acuerdo con analistas y expertos en la materia, equivale a una confiscación de recursos que dejará sin capacidad de operación a áreas muy importantes del Estado, a las que precisamente para evitar sujetarlas a disponibilidades presupuestales y a criterios políticos del gobernante en turno, se les destinaron fondos para garantizar la atención oportuna de necesidades sociales específicas.
De esta manera, están en grave riesgo el Fondo Nacional para Desastres Naturales, los fideicomisos para la atención a víctimas de delitos, para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas; los asignados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, la investigación y la docencia, así como los dedicados a la promoción del deporte de alto rendimiento, el cine, la cultura y a actividades artísticas.
Por supuesto, en Acción Nacional anticipamos nuestro voto en contra de la minuta que pretende la extinción de los fideicomisos y en conjunto y bajo la misma línea, los senadores del Bloque de Contención (PAN, PRI, PRD, MC e independientes) nos comprometemos a buscar una ruta no solamente legislativa, sino incluso jurídica para evitar que se consume este atropello.
Nuevamente AMLO se escuda en el combate a la corrupción para desmantelar la capacidad del Estado en áreas fundamentales, como sucedió con el Seguro Popular, las estancias infantiles o los refugios para mujeres violentadas. Por supuesto, si hay irregularidades en la operación de los fidecomisos, éstas deben ser investigadas y sancionadas, pero no puede ser que, como en los otros casos, la solución sea simplemente desaparecerlos.
Ante la presión social de grupos y organizaciones que se han manifestado en contra de esta medida, el Presidente insiste en la inmediata eliminación de estos fondos, pero ordenó a funcionarios de su gobierno que analizaran y dieran a conocer las irregularidades de los mismos. No cabe duda que ahora como en épocas de Pancho Villa, prevalece el autoritarismo y la visión de un solo hombre, ahora como entonces: “primero mato, después viriguo”.
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