La Suprema Corte es la última instancia para la defensa de nuestra Constitución y los derechos ciudadanos, si pierde ese carácter hemos perdido todo
María Guadalupe Murguía/Columnista
En votación dividida la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la materia de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes solicitada por López Obrador es constitucional y se dio a la tarea de reformular la pregunta -de acuerdo con su atribuciones- para darle tintes de constitucionalidad.
Es un hecho histórico que será recordado por mucho tiempo, porque sienta un precedente lamentable en torno a la independencia y autonomía del Poder Judicial, pues con esta resolución, insostenible desde el punto de vista estrictamente jurídico, por tratarse de “un concierto de inconstitucionalidades”, como manifestó el Ministro Luis María Aguilar, se ha socavado la integridad del máximo tribunal.
La Suprema Corte es la última instancia para la defensa de nuestra Constitución y los derechos ciudadanos, si pierde ese carácter hemos perdido todo, por ello es muy grave que quienes se dicen expertos en derecho hayan cedido a la presión, a la intimidación del Ejecutivo y se dejaran doblegar por sus intereses políticos.
En seis ministras y ministros López Obrador encontró la lealtad ciega que tanto le demanda a sus colaboradores, su voto representó un atentado a la división de poderes; especial reconocimiento merecen los otros cinco ministros que con dignidad y valentía defendieron la legalidad.
La resolución reveló que en la Suprema Corte hay una división profunda entre quienes ejercen sus funciones para garantizar el control de la constitucionalidad y los que piensan que para la impartición justicia hay que tener en cuenta el sentir popular, aunque vaya en contra de la Constitución y vulnere el Estado de derecho.
Hago mías las palabras del Ministro Javier Laynez, quien en su intervención fue enfático al decir que la justicia no se consulta; ciertamente el Estado debe cumplir con su obligación de aplicar la ley para combatir la corrupción o cualquier otro delito, así se trate de un ex presidente.
Sin embargo, para el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, la decisión de efectuar una consulta popular con ese motivo es “la correcta para el momento político y constitucional que vive el país”, lo que representa un claro reconocimiento de que estamos sometidos al poder avasallante de la voluntad de un solo hombre, el Presidente de la República.
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